Miles y miles de mendocinos y mendocinas salieron a la calle a manifestarse contra la reforma de la Ley 7722 aprobada el viernes último en la Legislatura provincial. La movilización comenzó este domingo a las 8 en San Carlos y la caravana llegó este lunes a la Casa de Gobierno, donde se registraron incidentes pasado el mediodía.
Los policías comenzaron a disparar balas de gomas y a lanzar gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes respondieron con piedrazos. Desde la gobernación de Mendoza, indicaron que se trata de un grupo de personas identificadas con partidos políticos, quienes agredieron a personal policial que se encontraba cumpliendo funciones.
Producto de los enfrentamientos hay al menos 45 manifestantes aprehendidos 19 policías heridos, que fueron trasladados a la Clínica Francesa. Los mayores disturbios comenzaron cuando llegó la confirmación de que el gobierno regional no vetará la ley 7722. Desde el gobierno de Mendoza han asegurado que están "abiertos al diálogo" pero no tolerarán "hechos de violencia".
La caravana, que partió desde San Carlos, tenía más de dos kilómetros de largo y en cada pueblo por la que pasaba, más gente se iba sumando. Los manifestantes le piden expresamente al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que vete la reforma de la Ley 7722 aprobada el viernes. Este reforma en la ley llamada "antiminera o protectora del agua" permite el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería.
Desde este domingo, tanto la Legislatura como la Casa de Gobierno están valladas.
Por otra parte, el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
Organizaciones ambientalistas se manifestaron en contra de la reforma. Greenpeace sostuvo que "la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia".
Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, declaró que "es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta".
