Hoy la Cámara de Apelaciones en lo Civil, con la firma de las juezas Silvina del Carmen Furlotti, Gladys Marsala y María Teresa Carabajal, dio vuelta ese fallo y ordenó un resarcimiento de más de un millón y medio de pesos.
A mediados del 2000 la provincia se vio estremecida por el doble asesinato de dos dateros de la policía. Las víctimas, José Zambrano y Pablo Rodríguez, habían desaparecido en mayo y semanas después encontraron sus cuerpos.
A partir de allí salió a la luz la existencia de una supuesta "mafia policial", cuyos integrantes presuntamente ayudaban con armas y datos confidenciales a ladrones que luego perpetraban importantes asaltos. Hubo hasta 50 uniformados sospechados y unas 20 detenciones.
Como consecuencia de esa causa, fue apresado quien era el supuesto líder de esa organización, el policía Felipe Gil Fernández, quien estuvo cuatro años privado de su libertad.
Así lo decidió el polémico Rafael Escot, por esos días juez de instrucción, hoy camarista y allegado al gobierno de Alfredo Cornejo -fue uno de los invitados vip en la presentación del plan de seguridad-.
Sin embargo, la pesquisa no fue correcta y en un juicio celebrado en la Séptima Cámara del Crimen, Gil Fernández fue absuelto. Así el doble asesinato y otros delitos quedaron impunes.
El efectivo demandó al Estado y en primera instancia la justicia le rechazó el pedido de indemnización.
