El pasado 5 de octubre, las autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio comunicaron al personal municipal la decisión del Gobierno de Guillermo Montenegro de limitar a marplatenses y batanenses el acceso al derecho de Interrupción Voluntaria del Embarazo, consagrado por la ley 27.610, e impidieron a los médicos y médicas de los Centros de Atención Primaria (CAPS) que puedan realizar dicha práctica en las guardias.
“Gracias al alerta emitida por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Mar del Plata-Batán, nos enteramos que el Municipio dispuso que las y los profesionales de la División Clínica no podrían realizar en sus horas de consultorio o de guardias, actividades relacionadas con IVE/ILE. Incluso, pidieron que quienes deseen hacerlo, deben acordar sus servicios fuera del horario de trabajo, permitiendo que una actividad garantizada por ley se realice -nuevamente- en la absoluta ilegalidad”, expresaron las concejales del Frente de Todos Marina Santoro y Sol de la Torre.
“Esta situación generada por el gobierno de Montenegro representa un claro retroceso en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y una limitación a las prácticas médicas de quienes trabajan en el sistema público municipal; no sólo incumple la Ley 27.610 sino que también cercena el derecho de las personas que desean acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Además, restringe la formación de nuevos equipos de atención en el municipio, sobrecargando los ya existentes”, sostuvieron las concejalas del Frente de Todos.
En ese sentido, remarcaron que es necesario que se retrotraiga la decisión y que se garantice este derecho, ganado a través de la lucha de organizaciones y profesionales: “Presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante para que no sólo se permita el acceso a esta práctica, sino que las y los trabajadores de los Centros de Salud tengan libertad de realizarla”.
