En la mañana del jueves se informó que efectivos de la Policía Federal junto a personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestraron mercadería y material relacionado con una red de contrabando de cigarrillos electrónicos valuada en 4,6 millones de pesos durante un mega operativo con 28 allanamientos simultáneos en las localidades bonaerenses de Mar del Plata, Balcarce y Miramar.
Tras una investigación de más de un año, a cargo de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo que depende de la AFIP, y con ayuda de la fuerza policial se "logró desbaratar" una red nacional que se dedicaba al contrabando y comercialización de cigarrillos electrónicos, explicó hoy el organismo en un comunicado.
Durante el megaoperativo se secuestraron más de "6.000 unidades de mercadería, entre las que se encontraron cigarrillos electrónicos, esencias, vaporizadores, vapeadores, resistencias y químicos para preparar las esencias" y se decomisó material de promoción, teléfonos celulares, computadoras personales, facturas y documentación para la causa.
Para la investigación, se recolectó información mediante "pruebas ambientales que se llevaron a cabo en distintos puntos de las ciudades" balnearias, a través del acceso a la base de datos de la AFIP y con la exploración y seguimiento en redes sociales para determinar la modalidad de venta online.
En la causa intervino el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, quien libró 28 órdenes de allanamientos de "casas, departamentos y locales comerciales" por el delito de "encubrimiento de contrabando".
Los allanamientos se realizaron con agentes de la Policía Federal y personal de las policías locales de Balcarce, Mar del Plata y Miramar, con la colaboración de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, como así también de la Prefectura Naval Argentina.
Ademas del material incautado por un total estimado en $ 4.615.760, 20 personas quedaron "implicadas por la maniobra, entre vendedores publicistas y distribuidores de la mercadería".
Según las normas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los productos incautados atentan contra la salud de las personas y, por lo tanto, no puede comercializarse.
