Un ex combatiente pidió justicia en carta al juez que investiga torturas en la guerra de Malvinas

Silvio Eduardo Katz, sufrió torturas de su superior, remitió una nota al juez expresando su esperanza que sean llevados a indagatorias todos los militares acusados.

Carta de un veterano de guerra a un juez pidiendo justicia
Carta de un veterano de guerra a un juez pidiendo justicia

Silvio Eduardo Katz, el denunciante, aseguró que el ex subteniente del Ejército Eduardo Flores Ardonio lo estaqueó en el agua helada y le hizo comer excrementos, mientras lo insultaba por su condición de judío, entre otros maltratos físicos y psicológicos.

Katz es querellante en la causa 1777/07 impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) donde se investigan desde 2007 decenas de torturas a soldados durante la guerra.

El juez subrogante del Juzgado Federal de Río Grande, Federico Calvete, citó a indagatoria en diciembre del año pasado a 18 oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas involucrados pero ese trámite aún no se concretó.

El ex combatiente describió el dolor en el alma que siente al tener que explicarles a sus dos hijos de 14 y 17 años que la persona que lo torturó sigue sin dar la cara, mientras él todavía sufre en el corazón las terribles humillaciones propinadas en 1982.

También tengo que explicarles que teniendo una medalla del Congreso Nacional, no la uso, esperando que se la quiten al que en realidad y mediante delitos de lesa humanidad, traicionó a su Nación torturando a compatriotas que solo íbamos a entregar la vida por nuestra patria, prosiguió el escrito dirigido al juez Calvete.

La causa caratulada Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.

La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de Corrientes y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM, que reveló 105 hechos de torturas y 95 militares involucrados.

El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción.