El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, rechazó el planteo de incompetencia formulado por un abogado que para defender a un ex militar acusado de torturas en Malvinas negó la soberanía argentina sobre las islas.
Hernán Bazán Güemes, quien defiende al ex militar Ramón Eduardo Caro en la causa donde se investigan presuntas torturas cometidas por oficiales y suboficiales a soldados de la propia tropa durante la guerra de 1982, había solicitado la "incompetencia" del Juzgado Federal de Río Grande donde se tramita el expediente.
El letrado sostuvo que "la República Argentina no tiene lamentablemente soberanía sobre el territorio malvinense", y que las islas "deberían constituir una provincia especial separada" de Tierra del Fuego y sujeta a "los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal".
El juez Calvete -que subroga el juzgado riograndense- rechazó la presentación de Bazán Güemes aunque no le impuso sanciones disciplinarias, como solicitó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM) querellante en el caso.
Calvete citó como uno de los fundamentos a la disposición transitoria primera de la reforma constitucional de 1994, donde se afirma que "la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sus espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional".
A su vez, mencionó la ley 23775 de provincialización de Tierra del Fuego, donde se indica que las Islas Malvinas forman parte de la provincia, e incluso aclaró que la Justicia Federal del distrito tiene jurisdicción sobre Malvinas "desde antes de la provincialización".
"Siendo los integrantes de las fuerzas armadas argentinas funcionarios federales, corresponde entonces la intervención a la Justicia Federal de la provincia de Tierra del Fuego, para intervenir en la investigación y juzgamiento de los hechos acaecidos en el conflicto bélico", asevera la resolución.
Por último, el juez concluyó que como "nuestro país reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas desde la Carta Magna", ese mandato "inalienable e imprescriptible" se puede "ejercer a través de los actos de los tres poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial de la Nación".
La causa donde se produjo la presentación del abogado es la que, en diciembre pasado, Calvete dispuso el llamado a indagatoria de 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas acusados de haber "estaqueado" y "enterrado" a soldados, entre otros actos de tortura, durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el CECIM.
