Con los ecos de la difusión del documental “Jujuy desoído” y después de haber reiterado formalmente su pedido de ser recibidas en el Vaticano por el papa Francisco, las autodenominadas “víctimas de Milagro Sala” anunciaron que formarán parte de una comisión especial que recolectará “denuncias y testimonios de delitos cometidos por la organización Tupac Amaru y su líder”.
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Así lo anunciaron en esta capital miembros de la fundación “Jujuy con Paz y Esperanza” -que preside Soledad Mendoza y nuclea a personas que se declaran víctimas de la dirigente y exlegisladora-, acompañados por el representante legal de la entidad, el abogado José Magioncalda.
En conferencia de prensa explicaron que dicha comisión tendrá a cargo la compilación de los testimonios y denuncias, lo que dará cuerpo a un informe que una vez completado “será elevado al fuero judicial por delitos de lesa humanidad”, que como tales, son “de carácter imprescriptible”, remarcaron.
En ese sentido Magioncalda sostuvo que Sala “cometió delitos de lesa humanidad”, por lo que “debería estar presa en una cárcel común”, en vez de “gozar del privilegio de cumplir prisión domiciliaria en su casa particular como ocurre actualmente”.
SALA CON PARRILLI, EN LA CASA DE CUYAYA
Casualmente el mismo lunes llegó hasta ese domicilio de la calle Gordaliza del barrio Cuyaya el senador nacional Oscar Parrilli, para visitar a Sala.
Hombre del entorno más cercano de la vicepresidente Cristina Fernández, el exsecretario de Inteligencia del Estado apuntó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “resolver en semanas los casos de la corporación judicial y de los grupos económicos”, mientras “tiene desde el 18 de marzo de 2020, en sus manos la libertad” de la dirigente piquetera.
“Oscar Parrilli visitó a Milagro Sala en su lugar de detención, su casa en Jujuy. Hace casi 6 años que está presa sin condena firme. La Corte Suprema de Justicia de la Nación - que en semanas resuelve los casos de la corporación judicial y de los grupos económicos, en especial de Clarín - tiene desde el 18 de marzo de 2020, en sus manos la libertad de Milagro Sala. Casi 2 años para resolver una causa con presos”, escribió el senador kirchnerista en sus redes sociales.
“Por una Navidad sin presos políticos. No podemos guardar silencio ante semejante injusticia y atropello a la dignidad humana”, reclamó a la vez el también presidente del Instituto Patria.
UN PEDIDO AL PAPA FRANCISCO
En las antípodas, el abogado de la fundación “Jujuy con Paz y Esperanza” aseguró que “la ‘Tupac Amaru’ fue una organización paraestatal que recibió fondos del Estado nacional para llevar a cabo servicios que le corresponde al propio Estado” y advirtió que para ello se cometió “actos violentos y vulneró derechos humanos de muchos jujeños”.
“El kirchnerismo, desde el Estado nacional, financió el terror en Jujuy con el dinero de todos los argentinos”, sostuvo Magioncalda, al tiempo de ratificar que seguirá “representando y defendiendo legalmente ante organismos de derechos humanos a las más de trescientas familias que resultaron víctimas de Milagro Sala”, número que estiman crecerá a partir del trabajo que hará la comisión especial conformada en la fundación.
Antes de este anuncio, a principios de diciembre, Magioncalda se presentó en la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires, para entregar una nueva carta dirigida al papa Francisco en la que “las víctimas del terror que se vivió en Jujuy piden ser recibidas por el Santo Padre”, dijo el letrado.
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Remitiéndose a una misiva anterior fechada en mayo de 2017, los firmantes de la nueva carta recuerdan haberle manifestado “nuestro desconcierto y desánimo por su respaldo a la Sra. Milagro Sala” a la vez que afirman que “su silencio sobre nuestros padecimientos a manos de Milagro Sala y su organización, nos ha causado un enorme dolor”, dicen quienes firman el texto, en su mayoría mujeres, entre las que se encuentran Rosalía Reyes, madre del fallecido dirigente César “Luca” Arias, y la docente y artista Soledad Mendoza.
