En materia de política, en el plano local la semana que termina estuvo marcada por el contrapunto entre el oficialismo y la oposición en torno al proyecto que busca instalar una intervención federal en el Poder Judicial provincial.

La respuesta de Juntos por el Cambio -con el gobernador Gerardo Morales a la cabeza- a la embestida del Frente de Todos, corporizada en la figura del senador Guillermo Snopek, fue la marcha #Jujuy No se Toca, realizada el pasado miércoles en esta capital.

El legislador peronista sostiene que en Jujuy la Justicia responde al poder político, mientras que el Gobierno lo acusa de ser funcional a los intereses del kirchnerismo para poner en libertad a la dirigente social Milagro Sala, quien bajo el régimen de "prisión domiciliaria" actualmente purga una condena de 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita, que le fue aplicada en la causa "Pibes Villeros".

Para Morales, el objetivo de la iniciativa de Snopek es "pedir las causas, cambiar los jueces, liberar a Milagro Sala, garantizar la impunidad y volver al clima de violencia al que los jujeños no queremos volver".

En este sentido, el mandatario provincial recordó que la líder de la agrupación Tupac Amaru "tiene cuatro causas que ya tienen condena, que tienen que ver con violencia y con corrupción".

La concurrencia a la marcha #Jujuy No Se Toca escuchando los testimonios en contra de la dirigente Milagro Sala.

En ese marco, el Gobernador trajo a colación el caso de César "Luca" Arias -un dirigente "que fue agredido", sufrió "conmoción cerebral" y murió "al poco tiempo", indicó Morales-, que derivó en una causa en el 2007, por la que recayó en Sala una pena de cuatro años.

Esa causa, en la que Sala fue la única imputada, se originó a partir de las agresiones sufridas por Arias en las instalaciones del Ministerio de Tierra y Vivienda de la provincia, hecho que su propia madre, Rosalía Reyes, relató con angustia y en detalle en un video que se proyectó en pantallas gigantes en la plaza Belgrano.

El expediente, que había sido declarado prescripto en 2009, fue reabierto en 2016 luego de que otro militante, Juan Carlos Molina, preso entonces por un delito común, se presentó ante el juzgado de Pablo Pullen Llermanos para dar más información sobre el caso.

Arias era un militante social vinculado a la Corriente Clasista y Combativa, liderada en la provincia por Carlos "Perro" Santillán, de quien también se escuchó el miércoles un testimono cuestionando a la jefa de la organización "Tupac Amaru".

El 3 de julio de 2006, Arias acudió junto a otro dirigente, Juan Carlos Maidana, a la oficina del entonces ministro de Tierra y Vivienda, Luis Cosentini, para dialogar con él sobre planes de vivienda para las cooperativas. Tras esa reunión, ambos denunciaron que allí habían sido fuertemente agredidos.

Acusaron a Sala y a otros miembros de la agrupación Tupac Amaru -que nunca fueron identificados- como los responsables de los golpes recibidos.

Arias falleció diez meses después de la agresión, víctima de una leucemia. La causa, en manos del juez de instrucción Marcelo Gutiérrez, no avanzó y fue declarada prescripta en 2009, pero en 2016 se reactivó por la declaración del preso Maidana.