El anuncio del INCAA sobre el reestreno de “Milagro, la película” y la exaltación de su figura se hace a pesar de causas abiertas, sentencias dictadas en su contra, e ignorando la información aportada por la Auditoría General de la Nación sobre irregularidades en la construcción de viviendas.
En 2012 aprobamos un informe -Resolución 171/2012- sobre viviendas realizadas con fondos del Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat del entonces Ministerio de Planificación. Constatamos falta de objetividad en los criterios de distribución de recurso, viviendas sin obras básicas de infraestructura habilitadas, falencias en el sistema de asignación de fondos y mecanismos que dificultaron la verificación de la implementación de fondos.
A ello se suman causas abiertas y sentencias judiciales. En primer lugar, hay tres causas por fraude a la administración pública. Una -en etapa de investigación- involucra la presentación de documentación apócrifa para liberar fondos por obras de viviendas sin concluir o no iniciadas.
En otra causa, conocida como Pibes Villeros, se verificó la utilización de cooperativistas para defraudar al Estado mediante el cobro de cheques. Esta causa tiene una sentencia de 13 años de prisión del Tribunal Superior de Justicia, y existe una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En una tercera causa por fraude a la administración pública -en etapa de investigación- conocida como Megacausa, se comprobó que 1.836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organización Tupac Amaru jamás fueron construidas y otras 524 estaban inconclusas.
En segundo lugar, pesa una condena sobre Sala de dos años de prisión confirmada por el Superior Tribunal de Justicia, por amenazas de bomba a una comisaría del barrio de Alto Comedero; y una causa en la CSJN por daño agravado y amenazas en el Consejo de Ciencias Económicas. Por último, Sala se vio involucrada en la causa de la Balacera de Azopardo, acusada de encubrimiento agravado por tratarse de una tentativa de homicidio, en donde fue absuelta por el beneficio de la duda, aunque esta absolución fue apelada.
El INCAA es un ente público, un organismo que forma parte del organigrama de la Administración Pública Nacional y no puede elogiar hechos que fueron tipificados como delitos. Debe imperar el respeto por las leyes y las instituciones.
(*) Auditor General de la Nación
