En lo que llevamos del 2019 ha surgido una serie de debates acerca de cuestiones relevantes para la sociedad y que probablemente definan la agenda legislativa de los próximos meses. Una de ellas es la creación de un nuevo sistema de responsabilidad y reinserción social de menores en conflicto con la ley penal, trabajado por el Poder Ejecutivo desde hace dos años con la participación de especialistas en la materia y asociaciones civiles, quienes dieron su perspectiva sobre el tema, y que se concretó en la redacción de un anteproyecto de ley con el objeto de brindar una respuesta al flagelo de la delincuencia juvenil y un régimen penal vigente que lejos está de dar soluciones al problema.
Actualmente, frente a delitos cometidos por menores de edad se aplica el Régimen Penal de la Minoridad, una ley de la época de la dictadura que permite a los jueces decidir discrecionalmente el destino de esos jóvenes: desde enviarlos a la casa sin seguimiento alguno hasta encerrarlos en un instituto alegando razones de peligrosidad. Ese encierro carece de controles jurisdiccionales adecuados, no responde a un proceso judicial ni a una condena y es contrario a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
A su vez, uno de los problemas centrales de la ley vigente es que no ofrece ninguna respuesta para los menores de 16 años que cometen un delito. No les brinda un tratamiento de resocialización o contención alguna. Ni siquiera afronta el estado de vulneración al que la víctima es sometida.
Con este problema en mira, se plantea un abordaje específico para los casos en que los delitos sean cometidos por adolescentes de 16 y 17 años, haciendo foco en el cuidado de las víctimas, e introduce alternativas de inserción social para que esos jóvenes no vuelvan a delinquir. También se incluye a los adolescentes de 15 años sólo en caso de que cometan delitos muy graves, que comprenden por ejemplo homicidio, violación, robo con armas o secuestro extorsivo.
El sistema propuesto se sostiene en cuatro ejes fundamentales: una justicia especializada, una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos procurando la integración social de los jóvenes, e involucrar activamente a las víctimas.
Los jueces que intervengan deberán tener formación adecuada, y contarán con un equipo interdisciplinario compuesto por expertos en salud mental, trabajo social, sociología, derecho y otras profesiones vinculadas, según amerite cada caso. Se propone medidas alternativas de resolución que favorezcan la inserción social de menores que cometen delitos tales como remisión a programas comunitarios, mediación, acuerdos restaurativos, conciliación y suspensión del proceso a prueba, estableciendo la privación de la libertad siempre como último recurso.
Es necesario cambiar el paradigma actual, desde un régimen tutelar hacia un sistema de protección integral, especializado y adecuado a los estándares internacionales, dando una respuesta efectiva y concreta a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, generando en los menores el sentido de la responsabilidad por sus actos y garantizando el acceso a la justicia.
(*) Diputada nacional UCR-Jujuy. Presidenta de la Comisión de Legislación Penal donde se comenzará a analizar la iniciativa.
