La corrupción está definida por el diccionario de la Real Academia Española como la "práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores".
Es decir, un funcionario, empresario, juez, legislador, docente, sacerdote, futbolista o, en general, cualquier persona que desarrolla una actividad y que se aprovecha del rol que elige o le toca cumplir en la sociedad para obtener un beneficio personal, no vinculado a su desarrollo profesional es, sin más, un corrupto.
Un caracterizado Director de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSal) durante la década de 1990 reconoció en un programa de televisión que los funcionarios "tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años si no, no sacamos este país adelante".
Los cohechos en el área de la Medicina llevaron al suicidio al Dr. René Favaloro, quien en julio de 2000 dejaba una carta de despedida en la que mencionaba, entre otros aspectos: "La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio, con excelentes profesionales, envían empleados bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí les explican en detalles los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo, los cateterismos, las angioplastias están incluidos. En este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer."
La corrupción, sin embargo, es un fenómeno abstracto cuyo concepto aún se discute. No existe una medida universalmente aceptada y confiable de la incidencia de la corrupción en un país. En cambio, se cuenta con una gran cantidad de índices de diferentes características que intentan llegar a una medición aproximada del fenómeno.
Probablemente el índice de corrupción más difundido en la actualidad es el que publica desde hace casi 30 años Transparencia Internacional, que en el caso de la Argentina es elaborado con el apoyo local de Poder Ciudadano. El índice, que en realidad mide la corrupción percibida, califica a cada país de acuerdo con su desempeño en materia de corrupción. Esto es, calificaciones más altas implican menores niveles de corrupción.
Cuando se habla de la corrupción en términos ordinarios, se hace referencia por lo general a los tres poderes del Estado, con énfasis al Ejecutivo, que encabeza por lejos el número de funcionarios acusados, procesados y condenados por delitos de este tipo.
Es notable cómo la percepción de la corrupción en la Argentina tuvo su punto más alto durante la crisis de 2001 y los dos años que le siguieron. El pedido de la ciudadanía fue "que se vayan todos", al que se agregaba en las tribunas de los estadios de fútbol el "que no quede uno solo".
El gobierno del presidente Kirchner devolvió la ilusión a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que, ante una figura franca, cuidadosa de los gastos y consciente de las inversiones que se necesitaba en la Argentina para salir de la crisis, volvió a confiar y se olvidó del pasado reciente.
No obstante, después de la recuperación, la percepción del nivel de corrupción se mantuvo prácticamente al mismo nivel que el de la década de los 90, o sea, muy malo.
Con relación a la actualidad, en 2019, y también en base a Transparencia Internacional, el 49% de las personas pensaba que la corrupción había aumentado en los últimos 12 meses y el 13% de los usuarios de servicios públicos optaron por pagar algún soborno en ese período.
El sentimiento anticorrupción en América Latina y el Caribe ha crecido en los últimos años, a medida que las personas experimentan las muchas formas en que la corrupción socava la integridad y la responsabilidad en la política. El Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe 2019 apunta a una falta sustancial de integridad política entre figuras e instituciones, así como en los procesos electorales, lo que debilita los cimientos de las democracias y genera desconfianza en los líderes gubernamentales.
De hecho, los resultados muestran que la mayoría de la gente en América Latina y el Caribe piensa que la oficina del Presidente, así como los miembros del Parlamento, son los grupos o instituciones más corruptos por 53 y 52 por ciento de las personas respectivamente.
Una de las causas fundamentales de la corrupción política es el abuso electoral, incluida la financiación fraudulenta de los partidos políticos, la compra de votos o la difusión de noticias falsas durante las campañas. Los resultados muestran que uno de cada cuatro ciudadanos de la región recibió sobornos a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales en los últimos cinco años.
Argentina está ubicada en el tercio de los países con mayor nivel de corrupción del Mundo. No asumirlo es una manera de alejarse de la solución.
El apartado "Mujeres y corrupción en América Latina y el Caribe" que publica Transparencia Internacional en su página https://www.transparency.org/ deja perfectamente establecido algunas formas de corrupción que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Cuando nos manifestamos en apoyo de la igualdad de derechos para mujeres y niñas, olvidamos, o no ponemos en el lugar que les corresponde, los aspectos vinculados a las prácticas corruptas que afectan en mayor medida a las mujeres.
Qué pensamos los "ciudadanos comunes": es poco probable que la gente "común" pueda marcar la diferencia para detener la corrupción; es poco probable que la gente "común" denuncie casos de corrupción sin sufrir represalias; es poco probable que la gente "común" logre que se tome las medidas adecuadas una vez que se denuncie la corrupción.
Un informe ordenado por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, que se elaboró a finales del año 2005, relevó las causas penales donde se estaba investigando delitos económicos privados o que afecten al Estado, por montos denunciados de más de cien mil dólares. De este informe se desprende que la mayoría de las causas, por un total de 7 mil millones de pesos, corresponden a delitos que afectan directamente a la administración pública o que habrían sido cometidos por funcionarios públicos.
Esta cifra fue equivalente al gasto a nivel nacional en Educación y Cultura y al doble de las erogaciones en Salud en el año 2006. De todas formas, este estudio toma los casos que llegan a la justicia, por lo que, debido a las deficiencias en los procesos de control e investigación, esta estimación puede ser poco significativa del verdadero costo.
Las principales causas corresponden a evasión tributaria e impositiva (principalmente el no pago del impuesto a las ganancias y de aportes jubilatorios), denuncias por contrabando evadiendo al Fisco, malversación de fondos públicos a través de contrataciones irregulares de proveedores y vaciamiento de bancos o préstamos estatales a empresas privadas sin posibilidad de recupero.
Sin embargo, no deberíamos renunciar a la posibilidad de creer que es posible construir una sociedad más justa. Simplemente, deberíamos darnos cuenta que somos muchos más los decentes que los corruptos y buscar los caminos para que los castigos lleguen y sus conductas egoístas y miserables cambien.
(*) Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy
