Se trata de una capacitación de carácter obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres. La iniciativa está destinada a las personas que trabajen dentro de los poderes del Estado, incluidos todos los niveles y jerarquías.
Cabe destacar que dicho encuentro se enmarca en la ley Micaela García n°27.449 ya que allí se establece la obligatoriedad de esta formación.
Durante el año 2018 en el Senado de la Nación se realizaron diferentes jornadas sobre los avances y desafíos para la promoción de la igualdad de género en el ámbito legislativo. Esta labor es desarrollada con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Asociación del Personal Legislativo y el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria conjuntamente con la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación.
Ley Micaela García
La "Ley Micaela" fue impulsada por la diputada del Frente para la Victoria Analía Rach Quiroga, y entre los puntos más importantes se destacan:
• "Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado".
• "La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
• Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
• En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país".
• El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
• Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una "falta grave", pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, "sin causa justa", a participar de las capacitaciones.
