La intensidad de las luces amarillas tomó vigor en las últimas horas para el mercado financiero, a partir de informes que profundizan el impacto de la sequía y la falta de referencias que deviene por la demora en el anuncio de las nuevas metas del acuerdo con el FMI.
Con la vista en el cielo y tecleando F5 con ansiedad las páginas meteorológicas, las proyecciones sobre la próxima cosecha arrojan cada vez peores números y hay cálculos de pérdidas por hasta U$S 8.000 millones de recaudación impositiva por menores retenciones. Este bache está siendo uno de los principales focos de discusión de la renovación de pautas con el organismo internacional.
Un informe de la Bolsa de Cereales estimó que la cosecha de soja descenderá 27 millones de toneladas desde las 50 millones de toneladas previstas cuando se inició la siembra y la de maíz descendería a 37,5 millones de toneladas desde las 55,5 millones de toneladas calculadas meses atrás.
Pero aquí no parece frenarse la caída porque, según la entidad, 10,5 millones de hectáreas de las 16,2 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2022/23 “se encuentran en etapas críticas para la definición de los rendimientos. El 71,5 % del área sembrada informa una condición de cultivo entre regular y mala”.
Por su parte, la Consultora Ledesma publicó un informe en el que estimó que la cosecha de soja será de tan solo 27 millones de toneladas, la de maíz de 35 millones de toneladas y la de trigo descenderá hasta 12,4 millones de toneladas.
Sumando el girasol, el total de cereales a cosechar trepará a 78 millones de toneladas contra 128 millones de toneladas previstas.
A los precios actuales, la caída en ingresos para el país será de unos U$S 23.000 millones y el fisco perderá unos U$S 8.000 millones por recaudación de derechos de exportación.
Este faltante en las cuentas públicas, que además se expande día a día, es una de las principales preocupaciones en la mesa de negociación con el FMI y ya hay quienes sospechan que la demora en el anuncio en el acuerdo obedece a que la reformulación será más amplia que una simple recalibración de las metas de acumulación de reservas.
Cabe recordar que en 2023 el flujo con organismos internacionales dejará un saldo negativo de U$S 5.000 millones de dólares.
De allí que en la discusión con el FMI también se tenga en cuenta el diseño del nuevo documento, dado que según la forma del ajuste, la Argentina deba pedir un waiver (perdón) por incumplimiento.
En ese sentido, alimentó los rumores el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, quien preveía estar presente el viernes en la Bolsa de Nueva York cuando YPF celebre 30 años de cotización en Wall Street y podría haber sido protagonista del tradicional “toque de campana” con el que se abre cada rueda. Sin embargo, Massa desestimó estar viajando.
Con este escenario plagado de incertidumbre, el dólar tuvo un comportamiento dispar. El “blue” retrocedió a $ 373 luego, $ 5 por debajo de la víspera, pero las opciones financieras operaron en alza.
El Contado con Liquidación aumentó 2,2% a $ 387,2 y el MEP avanzó 0,7% a $ 375,36. El oficial se depreció 0,13% a $ 207,49.
En tanto, los bonos soberanos operaron con una baja promedio de 1%, afectados en buena medida por un clima internacional adverso ante la posibilidad de que la Reserva Federal acelere la suba de tasas de interés.
Advertencia opositora
En el mundo financiero no pasaron desapercibidas las declaraciones de Ricardo López Murphy, quien reveló que está tratando de convencer a los referentes de la coalición opositora de emitir un comunicado en el que se anuncie que en caso de acceder al Gobierno no se pagarán eventuales ventas de dólar futuro que podría ejecutar la actual administración en los próximos meses.
“Tenemos que tomar el compromiso, se lo tenemos que advertir a todo el mundo que no vamos a pagar seguros de cambio después del 10 de diciembre que emita este gobierno”, lanzó el legislador durante una entrevista televisiva.
El legislador busca evitar lo que sucedió sobre el final de 2015, cuando el gobierno de Cristina Kirchner vendió U$S 17.500 millones que luego tuvo que afrontar el nuevo gobierno.
López Murphy pretende que el arco político del que participe tome una posición clara para impedirle al actual Ejecutivo que se financie de esta forma, complicando aún más la labor de quien asuma el 10 de diciembre.
