El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inflación de 2023 en la Argentina trepará a 120% y que la actividad económica caerá 2,5%, como consecuencia de la sequía, pero además por el incumplimiento de las metas del programa.
En tanto, aclaró que la inflación podría ser mayor dependiendo del pass trought (traslado a precios) de la devaluación que se produjo tras las elecciones PASO.
De acuerdo a los cálculos del organismo, la variación de precios será del orden de 10% en agosto, pero luego caerá hasta fin de año.
No obstante, proyectó un mejor panorama para 2024 dado que la 2024 la suba de precios se moderará a un rango entre 60/80% y la actividad económica crecerá 2,5%.
Estas proyecciones corresponden a al Staff Report Agreement (SLA) que evaluó el Directorio del FMI para otorgar el desembolso de U$S 7.500 millones de dólares.
El organismo reconoció que la sequía fue un factor que afectó la performance del país y por ende el cumplimiento de las metas, pero al mismo tiempo sostuvo que el gobierno fue “esquivo” en la implementación de medidas para contener el gasto público y la inflación.
Un punto que el staff técnico del FMI nunca digirió fue la aprobación de una nueva moratoria previsional que aumentó las exigencias fiscales.
El FMI indicó que la meta de déficit fiscal a alcanzar a diciembre es de 1,9% del PBI, No obstante, difiere en el cómputo ya que si bien se mantiene el porcentaje se eleva de forma nominal de $ 2,9 billones a $ 3,2 billones.
En tanto, al 31 de diciembre el gobierno deberá contar con U$S 3.570 millones de reservas netas, que significa una acumulación de U$S 1.300 millones contra el objetivo previo de U$S 8.000 millones.
Por otra parte, se pide un durísimo ajuste fiscal de 11% entre agosto y septiembre con foco en salarios jubilaciones, pensione y suba de tarifas.
A cambio, se acepta que se mantenga la fórmula de ajuste de haberes jubilatorios actual y la compensación con bonos para paliar el efecto de la inflación. Al mismo tiempo, se aprueba la posibilidad de mejorar los ingresos de los planes sociales.
Este punto deja abierto un gran interrogante ya que de su cumplimiento depende el desembolso de U$S 2.700 millones previsto para noviembre, cuya revisión puede realizarse con otro equipo económico sin responsabilidad sobre posibles incumplimientos.
Incluso dejó plantada sus pretensiones al advertir que la próxima administración tendrá que sumar otros U$S 6.000 millones de reservas y además el Tesoro no podrá ser asistido por el Banco Central.
El FMI también pone un signo de interrogación sobre la continuidad del tipo de cambio fijo de $ 350 determinado por el gobierno.
“Asegurar ganancias de competitividad requerirá políticas macroeconómicas estrictas, así como una cuidadosa calibración de la tasa de crawl a la inflación y la evolución de la acumulación de reservas”, indicó.
