Alejandra Abrevaya, titular del Juzgado 11 en lo Civil de la Nación, se apartó de la causa de la suspensión de las elecciones en Boca, luego de la recusación presentada por el club debido a irregularidades en el proceso de investigación y falta de garantías de imparcialidad.
La magistrada tomó la decisión este lunes. A partir de allí, la jueza Analía Romero, del Juzgado Civil N°64, se hará cargo de las actuaciones referidas a los comicios que debieron realizarse este domingo.
Abrevaya dictó una medida cautelar que suspendió las elecciones por una denuncia presentada por la lista opositora que encabezan Andrés Ibarra y Mauricio Macri en relación con la habilitación irregular de unos 13.364 socios en el padrón.
La fórmula que tiene a Macri argumentó que ese universo de asociados había pasado de forma indebida de la categoría adherente a la de activo, sin respetar el orden de inscripción, algo previsto en el estatuto de Boca.
Los representantes legales de la oposición y el oficialismo, que postula como presidente a Juan Román Riquelme, asistieron el jueves pasado a una conciliación obligatoria en la que no hubo acuerdo sobre la cuestión objetada.
El club aceptó revisar el estado de unos 3.768 casos y sugirió que las elecciones se llevaran a cabo de acuerdo al calendario previsto, con esos socios sufragando por separado del resto. En caso de que los resultados de los comicios arrojaran una diferencia mayor en favor del ganador, la cuestión discutida quedaría sin efecto.
Caso contrario, de ser menor la distancia, la justicia determinaría caso por caso la situación de cada socio.
El viernes, Boca apeló la medida cautelar y presentó una recusación contra la jueza Abrevaya por entender que su decisión fue “un verdadero sinsentido que vulnera todas las disposiciones legales vigentes”. La fórmula Riquelme-Jorge Ameal denunció públicamente que la jueza falla a pedido de Ibarra-Macri para entorpecer el proceso electoral, que inicialmente sería el sábado 2 y fue postergado por un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina (DAIA).
En su presentación judicial, el oficialismo de Boca consideró vulnerado el derecho de defensa del club, ya que se incorporaron tres declaraciones testimoniales que jamás le fueron trasladadas a la defensa de la institución para poder contestarlas.
La defensa xeneize argumenta además que no se convocó a los peritos de parte para corroborar el padrón y que la jueza tuvo un proceder sospechoso al emitir su fallo a la 1.40 de la madrugada, luego de objetar que Boca había incorporado nuevos socios activos a las 22.30.
El abogado de Boca Walter Krieger apuntó que tampoco se respetó el derecho de defensa de los socios observados, quienes no pudieron hacer su descargo en el juzgado y recordó en el escrito que la Comisión Directiva anterior, a cargo de Daniel Angelici, también pasó socios de adherentes a activos (unos 4.100) antes de las elecciones de 2019.
Después de la apelación de Boca, trascendió que Sergio Abrevaya, hermano de la jueza, obtuvo la categoría de socio activo el 14 de febrero de 2019, sin antes pasar por la de adherente.
Este domingo miles de hinchas de Boca, encabezados por Riquelme, marcharon desde el Parque Lezama hasta la Bombonera en reclamo de que se respete el derecho a votar. “Nos quieren intervenir el club. El señor (por Mauricio Macri) quiere intervenir nuestra institución, por eso no nos deja votar. Pero el club es de los hinchas”, exclamó Riquelme ante la multitud.
