Una mujer lleva adelante un significativo proceso legal por presunta violencia en el ámbito laboral en la ciudad de Córdoba. Se trata de Ivana de Lourdes Acosta, quien tiene una discapacidad motriz severa y trabaja en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec). El juicio es contra la empresa estatal y dos empleados.
El expediente se tramita ante el Tribunal de Gestión Asociada de Conciliación y Trabajo 1, bajo la dirección de la jueza Valeria Del Valle Emmenecker. La querellante, quien comenzó su vínculo laboral en 2015 como psicóloga en el Centro Preventivo de Salud Ocupacional (Cepso), sostiene haber sido víctima de un acoso laboral persistente. Manifestó a La Voz haber sufrido una “discriminación constante y sistemática” por parte del jefe de su área, junto con la indiferencia del gerente de recursos humanos ante sus advertencias.
Juicio contra Epec por acoso laboral: los detalles del caso
Acosta contó que la hostilidad incluyó discriminación por su condición física y violencia de género. Su situación requiere el uso de una silla de ruedas motorizada e influye en su forma de hablar. De acuerdo con su declaración, sus colegas se burlaban de sus movimientos, gesticulaciones y modo de expresarse, particularmente cuando ella no podía verlos.
La demandante, quien ingresó a Epec en un estado de vulnerabilidad tras la muerte de su hermana, describió esta experiencia como la “crónica de una demolición sistemática de la integridad, la salud, y espiritual”. La querella también mencionó la exclusión de reuniones virtuales de trabajo y la falta de provisión de un vehículo adaptado para participar en eventos de índole laboral externos.
Adicionalmente, relató la cancelación a último momento de unas vacaciones autorizadas en 2020 bajo “excusas administrativas endebles”, luego de haber abonado hospedaje y pasajes. Luego, al intentar retornar de una licencia entre fines de 2021 y principios de 2022, la “presionaron” para que trabajara sin proporcionarle las claves de acceso a los sistemas.
En qué estado se encuentra la causa de discriminación contra Epec
La acción judicial presentada en septiembre pasado no solo busca reparación material. Como medida constructiva y de no reiteración del daño, la denunciante exige que los dos individuos acusados realicen formaciones obligatorias y específicas. Estas capacitaciones deben abordar el trato respetuoso e igualitario hacia las mujeres en el ámbito profesional, los derechos de las personas con capacidades diferentes y la prevención de la agresión laboral.
Además, la afectada aspira a una compensación integral por el daño moral infligido, valorada en casi 58 millones de pesos. El propósito del monto es obtener un automóvil acondicionado para su movilidad personal. Este valor incluye 14 millones de pesos para la unidad base y 43 millones para la plataforma elevadora de la silla.
Por su parte, Epec rechazó la acción legal, argumentando que los hechos carecen de fundamento fáctico y son “contrarios con la verdad jurídica objetiva”. La empresa sostuvo que el testimonio de la psicóloga intenta dar cobertura a una pretensión infundada, buscando justificar situaciones de discriminación y violencia inexistentes. El principal demandado, por su parte, desestimó enfáticamente haber incurrido en acoso laboral, hostigamiento, discriminación o violencia de género, y detalló una cronología de medidas de apoyo implementadas a favor de la empleada.
Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, preparándose para el juicio oral, un proceso complejo que requiere amplitud probatoria en beneficio de ambas partes. La magistrada Emmenecker dispuso el traslado de Ivana Acosta a otra sección de Epec en 2024, para evitar el contacto directo con los demandados. También ordenó que la empresa garantice un distanciamiento mínimo de 15 metros, tabiques divisorios y que su nuevo puesto de trabajo y sanitarios sean accesibles y adaptados a sus necesidades físicas.
