Tras la primera semana de audiencias del juicio por el crimen de Blas Correas, la Justicia de Córdoba confirmó que también juzgarán a los tres empleados del Sanatorio Aconcagua acusados de no recibir al joven en la fatídica madrugada del 6 de agosto de 2020. Así lo decidió la jueza de control Anahí Hampartzounian luego del pedido del fiscal José Mana.
Se trata de Fernando Gabriel Casalino (42), quien se encuentra imputado por “abandono de persona”, mientras que Guadalupe María Laura Moya (39) y Paola Andrea Mezzacapo (43) responderán a una acusación por “omisión de ayuda”. Todos son trabajadores administrativos del Hospital Aconcagua.
Para Hampartzounian, “resulta inadmisible que se subordine o condicione la asistencia médica insistentemente requerida en un cuadro de riesgo de vida palmario. Además, resaltó que a los tres imputados “no les correspondía recomendar una ‘derivación’”.
Es que, tras ser baleados y percatarse que uno de los disparos había impactado en la espalda de Blas, los amigos lo llevaron con urgencia al Sanatorio. Al llegar, la víctima todavía estaba con vida pero les dijeron que no podían atenderlo allí y que se tenían que dirigir al Hospital de Urgencias, nosocomio al que no pudieron llegar.
La letrada expresó que el actuar de los protagonistas “refleja una displicencia más emparentada con el ‘descompromiso’”. Por último, enfatizó en que “Blas no solo arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales y en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida”.
