Este viernes, el crimen de Blas Correas tendrá su resolución final. La Cámara 8ª del Crimen de Córdoba definirá la condena que deberán asumir los 13 policías involucrados en la causa. Sin embargo, su caso será recordado como el homicidio que provocó un cimbronazo en las altas esferas de la Jefatura y en la sociedad en general.
Blas tenía 17 años cuando fue ultimado por la bala de un arma reglamentaria. Era 6 de agosto del 2020 cuando el joven viajaba en el asiento de atrás del auto que compartía con cuatro amigos. Volvían de compartir una noche en un bar. Al otro día debía volver al colegio, pero el ataque de los efectivos dispuso que su vida acabe en pleno barrio Nueva Córdoba.
Un control, los disparos y la muerte de Blas Correas
Según muestran las cámaras de seguridad, dos patrulleros encaraban un retén policial en la avenida Vélez Sarsfield; todo ocurría en un contexto de aislamiento preventivo por coronavirus. Los jóvenes se habrían asustado y por eso no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar contra el Fiat Argo en el que viajaba Blas.
En ese contexto, el joven recibió un tiro que ingresó por la luneta del auto y atravesó uno de sus omóplatos. Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo y lo llevaron a la Clínica Aconcagua que se negó a atenderlo. Camino al hospital de Urgencias, fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir. Blas murió sin llegar a ser atendido y ante los ojos de uniformados que no actuaron para salvarlo.
Un plan de encubrimiento planeado en torno al crimen
La justicia identificó que los autores de los disparos fueron los cabos Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33). Mientras que, los otros uniformados fueron acusados de ser los responsables de un plan macabro para encubrir el crimen. Incluso, hubo un arma plantada en la escena, presuntamente, por la cabo Wanda Micaela Esquivel, y un andamiaje de protección que incluye comisarios y subcomisarios.
Su muerte golpeó a la Jefatura de Policía. La sociedad gritaba -y grita- “gatillo fácil”. Los efectivos acusaron a los jóvenes de ladrones y de viajar armados. Sin embargo, ninguna de estas dos carátulas se pudieron probar: se detectó un arma plantada y presuntas víctimas que luego negaron haber sido atacados por los integrantes del Argo.
Además de los 13 efectivos acusados por el caso, con diferentes imputaciones, el asesinato de Blas y su consecuente juicio generan la esperanza de la familia por una posible investigación contra funcionarios políticos de aquel momento, como Alfonso Mosquera, quien era ministro de Seguridad provincial, o Gonzalo Cumplido, subdirector de Seguridad Capital.
El caso de Blas puso bajo la lupa el accionar general de todo el mecanismo policial. Los padres del joven, Soledad Laciar y Blas Correas, siguen peregrinando para que esta situación no se repita nunca más.
