El fiscal Tomás Casas dispuso la detención de dos guardias del Complejo Esperanza y un delegado gremial, tras la protesta realizada por los trabajadores el pasado fin de semana en el predio del instituto para menores en conflicto con la ley penal.
Los uniformados fueron imputados por la posibole autoría del delito “compulsión” a la huelga, descripto en el artículo 158 del Código Penal y que contempla sanciones de prisión de un mes a un año.
Entre los imputados está Alejandro Flores, empleado del Ministerio de Salud de la Provincia y gremialista, quien el fin de semana, durante el punto más álgido del conflicto, actuó como vocero del grupo de guardias que manifestaba su rechazo a un cambio en el régimen de horarios.
Los guardias dijeron que se habían producido motines dentro de los distintos pabellones del Complejo, e incluso hicieron rodar la versión de que un adolescente “se habría” quitado la vida, pero ambas fueron desmentidas.
