Finalmente murió en Santiago del Estero, Héctor Reyes Corvalán, el hombre que había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando un grupo de más diez policías al mando de un oficial de Justicia lo desalojó violentamente de su lote en esa provincia.
El caso está relacionado con Córdoba puesto que los familiares directos de la víctima vinculan el operativo con el nombre de un empresario de nuestra provincia, Néstor Quesada.
De acuerdo con lo que publica este martes el diario Página 12, el desalojo de Reyes Corvalán se enmarcó en "las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos que son moneda corriente en Santiago del Estero".
El hecho que terminó con la muerte del hombre ocurrió a 260 kilómetros de la capital provincial, en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini.
Reyes Corvalán vivía en un pequeño lote. Hasta allí llegaron el pasado viernes 12 de octubre más diez policías y un oficial de Justicia para desalojarlo.
La orden fue impartida por la jueza María Cecilia Paskevicius, quien ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia.
En el desalojo se registraron destrozos en la propiedad de Reyes Corvalán, quien recibió disparos de postas de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
"Eran como las 10 de la mañana y apareció Quesada, con la policía y un oficial de justicia con una orden de desalojo trucha, porque ya la apelamos y se aceptó la apelación, así que quedó sin efecto. El terrateniente Quesada es el mismo que el año pasado quiso desalojarnos, también a lo bruto", relató a Página12 María Rosa Frías, la mujer de Corvalán.
También contó que su marido estaba en el portón, con los animales. "Como no se quiso ir cuando le mostraron la orden trucha, le dispararon con balas de goma y le prendieron fuego".
Página 12 afirma que Néstor Quesada, el señalado por la mujer, es un empresario cordobés dedicado al cultivo de la soja que en agosto de 2012 pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas.
Los intentos de desalojo fueron rechazados por las familias que habitan en el lugar e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres.
El Mocase responsabilizó por el hecho al empresario Quesada, quien estuvo presente en el desalojo; al oficial de Justicia Luis Scillia y a los policías que participaron del desalojo, a quienes identificó en un comunicado: "el oficial inspector José Francisco Corvalán, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo primero Roberto Corvalán, División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldán y otros, en total de diez (10) policías aproximadamente".
La organización pidió la detención de todos los responsables y denunció "los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas", además de reclamar la separación de la jueza Paskevicius.
