En Villa María, nueve policías fueron imputados por cobrar servicios adicionales que en realidad no habían prestado. Silvia Maldonado, fiscal del Instrucción de esa ciudad, fue quien imputó a los uniformados.
Con complicidad de los oficiales, los agentes asentaban estos servicios supuestamente brindados para que la Provincia se los pague.
Los policías José María Andrada, Fernando Carlos Gaido, Juvenal Adolfo González, Neri Medina y Cristian Moyano fueron imputados por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Por otra parte, sobre Anahí Selva Álamo, Jésica Daiana Bollea, Patricia Sabugo y Mauricio Germán Sánchez pesa la supuesta "defraudación agravada".
