La familia Jonathan Romo no se recupera. Piden justicia y en eso están trabajando junto al Dr. Galli, con quien piensan llegar hasta las últimas consecuencias para “que todos los responsables paguen por lo que hicieron”.
En este senido, la semana presentaron ante la Legislatura un “Jury” (pedido de juicio) contra la fiscal Paula Kelm, y apelarán a su destitución. Los hechos que acusan no son menores. “La fiscal nos dijo, mañana comenzamos a investigar y al otro día se fue de licencia”, cuenta Hernán Romo, hermano de la víctima, sobre la noche en que su hermano apareció sin vida en la comisaría de La Falda.
“La noche que murió mi hermano llegamos a la comisaría de La Falda, y nunca nos dejaron ver el cuerpo. Yo quería saber en que situación estaba y nunca nos dejaron entrar. Tampoco nos pidieron el DNI. Recien a los 4 días pudimos verlo en la casa funearia”, cuenta Romo ante la mirada atenta de su abogado defensor.
“Nunca reconocimos el cuerpo”, afirma. Además relata que los días posteriores se comenzaron a comunicar personalmente con ellos altos funcionarios del poder judicial y policial. “Todos nos decían que contaramos con ellos para lo que necesitaramos, y nosotros no entendíamos bien que estaba pasando”.
A la actuación que tuvo la fisca Kelm el día de la muerte en la comisaría y los días posteriores, se suma un hecho previo. De hecho, llama considerablmente la atención que el caso quedara en manos del fiscal Ramírez, quien iba actuar en reemplazo de la fiscal durante la licencia que Kelm inició al otro día del hecho.
El hecho previo data de una feroz golpiza policial que había recibido Jonathan Romo, 6 meses antes de que fuera asesinado y en la que le perforaron un riñon.
“En aquel momento Jonathan se estaba recueprando de su adicción, llevaba 3 meses limpio”, indica el Dr. Galli. Además indica que la familia le había pedido a la fiscal, que lo deje continuar con el tratamiento, y que ella aseguró que así sería.
“Sin embargo al otro día, ordenó que lo saquen de la terapia intensiva en la que estaba internado, sin un alta médica emitida, y lo mandó a una celda, como un delincuente y con una tremenda infección. Eso es maldad”, sentenció el letrado.
Esa golpiza previa será clave en la causa, y en el futuro de la fiscal. Cabe destacar, que durante la declaración; de los 6 polícias imputados por la muerte del joven, 3 reconocieron que estuvieron también en la golpiza de diciembre.
“Además mi hermano señaló directamente al oficial Bracamonte, quien ya era jefe de la departamental, como uno de los autores de los golpes”, expresó el hermano de la víctima.
