La justicia porteña volvió a exigir al gobierno de la Ciudad suspender de "modo inmediato" la actividad de Uber y otras empresas similares, luego de ampliar la cautelar presentada por el sindicato de taxistas en 2016, cuando empezó a operar la empresa.
"El GCBA deberá adoptar de modo inmediato las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrollen estas empresas en materia de transporte de pasajeros en el ámbito de la CABA", aseguró en su fallo el titular del juzgado n° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, consignó el sitio ijudicial.
El magistrado resolvió la ampliación de la medida cautelar que había presentado el Sindicato de Peones de Taxis contra el gobierno porteño en abril de 2016, fecha en que comenzó a operar Uber en la Ciudad.
En noviembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero había pedido que "el magistrado de grado realice las diligencias necesarias para permitir la continuidad del proceso como corolario de la inacción de las partes involucradas, y habilitadas al efecto", con el objetivo de monitorear la medida cautelar.
Trionfetti libró un oficio para que la Agencia Gubernamental de Control informe en el plazo de 20 días si la empresa hizo "algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros y, en caso afirmativo, informe desde qué fecha y, remita los antecedentes administrativos o copia certificada de los mismos".
A su vez, ordenó al Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, que "informe de manera detallada y en el plazo de 20 días, cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la medida cautelar" de 2016 que pidió el cese de la actividad de la empresa, la cual "se encuentra firme".
Y en particular, solicitó que precise "cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder de policía, en coordinación con las distintas áreas del gobierno central y las comunas para garantizar el cumplimiento de la manda judicial".
