La Justicia ordenó que la ciudad de Buenos Aires prohíba la actividad de Pedidos Ya, Glovo y Rappi, entre otras empresas de delivery, hasta que se ajusten a las normativas de Tránsito. Además, instó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a que elabore un plan de contingencia económica y social para los repartidores hasta que esta situación se regularice.
La medida fue dictada por el juez Andrés Gallardo del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien ordenó al gobierno de la Ciudad que en forma "inmediata" prohíba la actividad de estas empresas, hasta que "esté acreditada judicialmente la adecuación" a cinco requisitos legales contenidos en el Código de Tránsito y Transporte.
Se refiere a garantizar que todos sus repartidores circulen utilizando casco; que la caja portaobjetos esté anclada a la moto y/o bicicleta y no en la espalda del repartidor; que los repartidores circulen con seguro de vida y accidentes; que posean libreta sanitaria; y que los vehículos cuenten con una adecuada señalización nocturna.
Gallardo señaló que un relevamiento de la Policía de la Ciudad concluyó que de 417 bicicletas afectadas al servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias, 281 de los conductores circulaban sin casco (el 67%), 323 lo hacían llevando la caja porta objetos en la espalda (77%) y 290 circulaban sin tener seguro alguno (70%).
En el caso de las motos, de las 199 relevadas, 5 circulaban sin casco (2,5%), 94 con la caja en la espalda (47%) y 53 sin seguro (26%).
Por otro lado, Gallardo citó información oficial del Ministerio de Salud, de donde surge que en el lapso de un mes y sólo en relación a los hospitales públicos de la Ciudad, "se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería y/o reparto a domicilio".
Al mismo tiempo, Gallardo ordenó al GCBA que “asuma la responsabilidad que le cabe al haber permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de lo aquí resuelto”.
Para eso, deberán compensar la reducción de sus ingresos a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ya que los trabajadores de estas apps ya padecen “situación de vulnerabilidad e informalidad” y “no tienen responsabilidad alguna por el desmanejo operado en el área”.
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