La Legislatura porteña convirtió hoy en ley un proyecto que endurece las penas a quienes transporten pasajeros de manera ilegal -con multas de hasta 200.000 pesos y retiro de licencia-, con la que se busca frenar el avance de Uber en la Ciudad de Buenos Aires.
La aprobación en general se consiguió con 37 votos del bloque oficialista, del GEN y del bloque peronista, mientras que el kirchnerismo y el socialismo se abstuvieron y la izquierda votó en contra.
El debate se extendió por más de dos horas y, si bien las sanciones a los conductores de Uber fueron el centro de la discusión, la precarización laboral derivada del uso de aplicaciones informáticas, el estado del sistema de transporte público y la "criminalización de la protesta social" sobrevolaron el recinto.
La presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García -una de las voces del oficialismo para defender el proyecto-, dijo que si bien se conoce la necesidad de "llegar con la tecnología al transporte legal", es necesario "legislar para los trabajadores", en referencia a los taxistas.
"Hablaron de la precarización laboral. Yo veo trabajadores que piden que legislemos para ellos. Hay presentado un proyecto para modernizar el servicio de taxis, sabemos que tenemos que llegar con la tecnología al transporte legal", explicó la diputada.
La norma sancionada hoy sostiene que todo transporte de pasajeros que no tenga habilitación para esos fines, tendrá una multa equivalente a 10 mil unidades fijas (casi 200.000 pesos), una quita de puntos en el scoring de la licencia de conducir y la capacidad de retener esa licencia por de 7 a 30 días.
La cuestión de la precarización laboral que genera Uber fue objetada -con distintas razones- por los bloques de Unidad Ciudadana, del Frente de Izquierda y Autodeterminación.
Por ejemplo, el ex ministro de trabajo Carlos Tomada aseguró que "Uber crece en el contexto de la precarización", recordó que la aplicación "no paga impuestos ni aportes a la seguridad social" y pidió la intervención de las autoridades laborales nacionales para regularizar esa situación.
Fue Daniel Presti, legislador por Vamos Juntos, quien defendió la norma que penaliza a los choferes de Uber y dijo -arrancando los aplausos de los taxistas presentes en el recinto- que "si se está en contra del trabajo precario, hay que votar a favor de este proyecto, todo lo demás es hablar, hablar y hablar".
Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, consideró que el reclamo de los taxistas es genuino pero no acompañó la iniciativa ya que "este proyecto corta por lo más delgado y busca atacar a los choferes de Uber y no lo vamos a permitir".
Marcelo Depierro, diputado por Mejor Ciudad, también votó en contra de la ley y pidió la regulación de las aplicaciones: "El ejemplo es el de la ciudad de Mendoza, que les hace pagar lo mismo que al resto del sistema o se pude limitar la cantidad de choferes".
El representante del GEN, Sergio Abrebaya, consideró que la iniciativa oficialista "no es perfecta", aunque la acompañó: "No hay que escaparle al debate de la modernización del sistema de transporte, pero hoy tenemos que impedir que aquel que no está preparado, para aquel que no tiene licencia, transporte personas".
Desde las 10 de la mañana, cientos de taxistas porteños habían marchado hasta la Legislatura de la Ciudad, para esperar la votación de la llamada "ley antiUber". La iniciativa, respaldada por las agrupaciones de taxistas, había sido cuestionada por la empresa Uber, que en un comunicado consideró que su actividad era legal y pidió a la Legislatura por "un debate participativo".
"Perseguir no es el camino. La Ciudad se debe un debate participativo porque la gente ya se expresó. El caso de Mendoza demuestra que con voluntad política se puede debatir la movilidad y la tecnología. Nuestro compromiso es con todos los que eligen Uber cada día", indicó la compañía.
