Metrodelegados: "Si el Gobierno nos desconoce, se va a comer el peor paro de su vida"

"Vamos a seguir peleando; no necesitamos una chapa para defender a nuestros compañeros", prometió Néstor Segovia

Metrodelegados
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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) consideró "político" el fallo de la Corte Suprema que ayer anuló su personería gremial, y advirtió que si el Gobierno y la empresa desconocen su representación, y no son recibidos para negociar la paritaria del sector, "se van a comer el peor paro de su vida".

Los metrodelegados barajaron posibles "medidas de fuerza" si Metrovías y el Ministerio de Trabajo desconocen la "legitimidad del sindicato" de cara a las negociaciones paritarias.

"Vamos a seguir peleando; no necesitamos una chapa para defender a nuestros compañeros", prometió el dirigente de Agtsyp Néstor Segovia, al adelantar que si el gremio no es convocado a paritarias "este Gobierno se va a comer el peor paro de su vida".

En una conferencia de prensa realizada en el barrio porteño de Monserrat, dirigentes de la Agtsyp acusaron al máximo tribunal del país de ser "adicto" al Gobierno y aseguraron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reclamar por su personería gremial.

El fallo de la Corte convalidó lo resuelto en primera instancia por la Cámara del Trabajo, y devolvió el expediente al Ministerio de Trabajo para que certifique qué sindicato tiene mayor afiliación en representación de los trabajadores: la Agtsyp o la UTA.

Además, los metrodelegados dijeron que Metrovías todavía no dio "ninguna respuesta" sobre los trabajadores expuestos al asbesto, por vagones comprados a la empresa española Metro, que ya confirmó cuatro empleados enfermos en la península ibérica.

Desde Agtsyp explicaron que cuentan con entre 2.800 y 3.000 afiliados de un total de 3.300 empleados del subte y el premetro, por lo que asegurarn ser el sindicato "con mayor legitimidad entre los trabajadores".

Sobre finales del segundo mandato de Cristina Kirchner, el Ministerio de Trabajo, con Carlos Tomada como titular, ordenó una "compulsa" que, según reconoció el gobierno de entonces, los metrodelegados reunieron más afiliados que la Unión Tranviaria Automotor, que hasta allí negociaba los salarios de los trabajadores del subte.