“Si no vacunan al personal, yo no hago la elección”. Esa fue la frese de la jueza federal María Servini, con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, un padrón de 2,5 millones de votantes. Incluso, aseguró que enviará un oficio al Ministerio del Interior para solicitar que se considere como prioritario al personal que tiene que participar de la organización de los comicios.
En diálogo con Clarín, Servini manifestó que “hay por lo menos 20 empleados de primera necesidad de mi juzgado que tienen que empezar a trabajar con el traslado de urnas a partir de marzo, a lo sumo abril, y que deben ser vacunados”.
Y agregó: “Si hubiera un solo contagiado entre esos 20, tenemos que aislar a todos y se pondría en riesgo la elección. No sólo acá, sino en todas las provincias con el personal que se encarga de ese trabajo. En la provincia de Buenos Aires, por ser un padrón más amplio, lógicamente serán muchos más“.
El planteo de la jueza se dio en plena charla entre las autoridades judiciales a cargo de organizar la elección.
No obstante, fuentes de la Justicia electoral avisaron que la disposición para realizar las elecciones es total y que no corren riesgo. Pero existe cierta alarma entre aquellos que llevan adelante el armado de los comicios porque no han tenido respuestas del Ministerio de Salud respecto al proceso de vacunación para el personal que llevará adelante las PASO, el 8 de agosto, y el 24 de octubre, las generales.
Según el Ministerio del Interior, el costo electoral supera los $ 17.000 millones, pero si se toman los gastos extra que supone la pandemia, ascenderá a más de $ 20.000 millones por la organización de ambos comicios.
