La jueza federal con competencia electoral, María Servini, prohibió al Ministerio de Producción y Trabajo disponer fondos en concepto de subsidios a desocupados hasta después de las elecciones generales del próximo 27 de octubre.
La medida cautelar, dirigida al ministro Dante Sica y al secretario de Empleo de la Nación Fernando Prémoli, fue ordenada a pedido de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, quienes denunciaron infracción al artículo 139 inciso b del Código Electoral de la Nación, que sanciona a quien compeliera a un elector a votar de manera determinada.
Los apoderados habían reclamado la medida provisoria "urgente" para que se ordene a la cartera abstenerse de disponer de fondos para el pago de subsidios creados la resolución 1.177 de la Secretaría de Empleo, "o cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores" en los comicios del próximo 27 de octubre".
Señalaron que la resolución, firmada el 3 de octubre, y "no publicada en el Boletín Oficial", consiste en un "plan social" para unos 114.000 desocupados, con subsidios de 5.000 pesos por "única vez" para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.
Los denunciantes destacaron que se trata de un presupuesto de 570.000.000 de pesos, con más de la cuarta parte destinada al municipio bonaerense de Lomas de Zamora, y que serían canalizados por comunas y dirigentes locales afines al presidente Mauricio Macri, tiene como "objeto oculto" condicionar a quienes resulten beneficiarios del subsidio.
"No se trataría de una medida de orden general, sino de una herramienta para los actuales funcionarios que quieran presentarse a una reelección, para cambiar el voto de las personas necesitadas de esta clase a ayuda social", acotaron los apoderados del Frente de Todos, que aportaron como prueba un artículo periodístico del diario Ambito Financiero.
Para dictar la medida cautelar, la jueza ponderó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, quien opinó que a las agrupaciones de la contienda electoral deben serle garantizadas, mediante métodos de transparencia e igualdad, que el Estado Nacional no utilizará su andamiaje para obtener beneficios en contra de la participación de todas las fuerzas.
El fiscal opinó además que luego del 27 de octubre, el Gobierno podrá permitir que los subsidios se entreguen luego agotando la partida presupuestaria, siempre en el entendimiento que ha dejado de existir disparidad entre las fuerzas que participen de la elección.
"Esta situación podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años", evaluó Servini.
"Se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social", analizó la magistrada quien aclaró que la medida precautoria "se determinará en estas actuaciones, en base a la urgencia del caso y con el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos".