Los líderes de la Cámara de Diputados llegaron este viernes a un acuerdo para realizar la primera sesión del año el próximo jueves, con un temario a definir pero en el que no figurará ningún asunto conflictivo, aunque en el recinto, por supuesto, habrá cruces y bullas sobre otras cuestiones, como Formosa, la jubilación de Cristina Kirchner o la campaña de vacunación del Gobierno nacional.
De todas maneras, el acuerdo para hacer una sesión llegó después de días de incertidumbre y de peleas internas en el Frente de Todos (FDT) en torno de dos asuntos de peso: la prórroga de la ley de biocombustibles y la posible suspensión de las PASO, que deben realizarse en siete meses, y/o la postergación de las elecciones.
En ese contexto, el principal espacio de la oposición, Juntos por el Cambio (JPC), que tiene 115 de las 257 bancas, le venía exigiendo al oficialismo que no se trataran dos proyectos que ya tienen media sanción.
Uno de ellos es la reforma de la Justicia Federal penal, que forma parte del paquete de reforma judicial, y el otro es la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, cuyo fin es que se pueda designar de una forma más sencilla (por una menor mayoría de votos) al procurador general de la Nación.
Y así será: diputados consultados por Vía País coincidieron en señalar que ambos asuntos no serán tenidos en cuenta para la sesión extraordinaria de la semana próxima, para la cual se esperan otros temas.
Entre ellos, un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas; un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario, y un beneficio extraordinario y por única vez a los familiares de los tripulantes del Submarino A.R.A. San Juan.
También se incluiría el proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conicet) y otro de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
“Los temas judiciales, no”, fue la respuesta tajante de una encumbrada fuente parlamentaria, consultada sobre la posibilidad de tratar la reforma de los tribunales penales, una ley presentó y pidió exclusivamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero que todavía no tiene número para ser convertida en ley en Diputados (ya tiene la media sanción del Senado); y de tratar las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, una ley que tiene aún menos número y que fue impulsada por el ultrakirchnerismo y también tiene media sanción.
“Miércoles y jueves tenemos que estar”, dijo a este medio un diputado del FDT, para confirmar que la primera sesión del año de la Cámara Baja ya fue acordada para el jueves y que la citación formal se realizará el lunes.
Hasta entonces, los jefes de bloque irán negociando qué temas incluir, además de los ya mencionados, que parecen incuestionables y de segura aprobación.
La no inclusión de asuntos conflictivos le permite al oficialismo contar con la firma de Juntos por el Cambio (JPC) a la prórroga del protocolo para sesionar en pandemia.
El interbloque opositor hasta ahora no ha firmado el documento, lo que imposibilita la realización de sesiones e inclusive la firma de dictámenes en comisiones.
Este temario provisional, querido por todos, le abre las puertas a una segura renovación del protocolo para sesionar, que básicamente consiste en que los diputados vayan al recinto y que queden exceptuados solamente aquellos que integren grupos de riesgo de Covid-19 y quienes por nota, debidamente justificada, soliciten participar y poder votar a distancia.
Interna oficialista
El acuerdo por la sesión se produce en momentos en que el FDT atraviesa dos controversias internas. Una de ellas es por la posible suspensión de las PASO. ¿El oficialismo piensa lo que piensa el peronista tucumano Pablo Yedlin, cuando presentó el proyecto para suspenderlas con apoyo de los gobernadores, o lo que piensa Máximo Kirchner, que no las quiere suspender? La discusión está abierta, e inclusive este viernes se mencionó la posibilidad de que en vez de suspensión de las primarias directamente se prorrogue el calendario electoral.
La otra controversia interna dentro del FDT es por la ley de beneficios e incentivos a la producción de biocombustibles.
Esta iniciativa ya cuenta desde fines de octubre con la media sanción del Senado —por unanimidad— y fue impulsada por la ultrakirchnerista santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien destacó que la ley original fue sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner y prorrogada cada cinco años.
El régimen beneficia a 10 provincias donde se producen combustibles a base de alimentos. Pero la presión de las empresas petroleras, y de los gobernadores de provincias hidrocarburíferas, por ahora puede más.
De hecho, Alberto Fernández no incluyó el asunto en el temario de extraordinarias, lo que disgustó, entre otros muchos espacios políticos, al lavagnismo: el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, firmó el protocolo de sesiones con la condición de que este asunto se tratara en extraordinarias, lo que hasta el momento no parece que vaya a ocurrir. Culpan al presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Sobre este tema, el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, el peronista mendocino Omar Félix, sostuvo es un proyecto que “hay que debatirlo un poco más” y que “tal como está la ley, hoy el petróleo está subsidiando a la pampa húmeda de alguna manera”.
Diputados y senadores del propio FDT y de la oposición, en cambio, salieron a reclamar que la ley se trate en la Cámara Baja, pero hasta el momento el Presidente no la incluyó en el temario. Y hay enojo.
