Menos de 24 horas después del brutal asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en su residencia de Puerto Príncipe por un comando integrado aparentemente por extranjeros, el Gobierno anunció la detención de dos sospechosos y la muerte de otros cuatro.
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“Cuatro mercenarios fueron abatidos, dos puestos bajo nuestro control y tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados”, dijo este miércoles por la noche el director general de la Policía Nacional, León Charles, a través de una entrevista televisiva.
Poco antes, el viceministro de Comunicaciones, Frantz Exantus, había anunciado vía Twitter que “los presuntos asesinos fueron interceptados por la Policía Nacional en Pelerin poco después de las 6 pm” (las 19 en la Argentina).
Más temprano, el Ejecutivo había oficializado también en Twitter el estado de sitio por 15 días y un duelo nacional por el mismo período, desde el 8 al 22 de este mes.
Por otro lado, las autoridades haitianas confirmaron el calendario electoral que prevé en septiembre la votación para la elección de un nuevo mandatario.
El primer ministro, Claude Joseph, informó oficialmente del crimen, detalló que la esposa de Moise resultó herida en el ataque, fue hospitalizada y luego trasladada a Miami, a la vez que pidió calma a la población.
“El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español”, dijo el primer ministro, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik, sin dar más detalles.
Joseph dispuso de inmediato el estado de sitio, cerró el aeropuerto de la capital y blindó la frontera con República Dominicana, país con el que comparte la isla La Española.
“En estricta aplicación del artículo 149 de la Constitución, acabo de presidir un Consejo Extraordinario de ministros y hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país”, anunció Joseph en un discurso difundido en las redes sociales.
El funcionario prometió, además, que el crimen de Moise “no quedará impune” y que los asesinos “pagarán en la Justicia lo que hicieron”.
El origen del conflicto en Haití
Un comando, del que no sabía el número de integrantes ni el origen o su motivación, entró de madrugada a la residencia de Moise en el barrio Pelerin, de Puerto Príncipe -el mismo de las detenciones-, y disparó contra el mandatario. Un hijo estaba en el lugar, pero resultó ileso.
El embajador de Estados Unidos en Haití, Bochhit Edmond, sostuvo que los magnicidas fueron “mercenarios profesionales” disfrazados de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), según el diario mexicano Milenio.
El diario El País, de España, señaló que varias embajadas de Haití en el exterior dieron a conocer un comunicado en el que precisaron que los asaltantes eran individuos no identificados, “de los cuales varios hablaban en español”.
Moïse venía siendo muy cuestionado por la oposición, que consideraba ilegal su permanencia en el cargo, pero además el país atraviesa una ola de extrema violencia, a partir de la coexistencia de bandas armadas que hicieron del secuestro y los enfrentamientos su modo de subsistencia.
El origen de este conflicto político está en las elecciones de 2015, cuando Michel Martelly terminó su mandato. Moïse fue candidato por el oficialista Partido Tet Kale y ganó, pero hubo denuncias de fraude. No se hizo la segunda vuelta y los resultados nunca se oficializaron.
El país estuvo virtualmente sin autoridades desde febrero de 2016 porque venció el período de Martelly, y los comicios recién pudieron hacerse en noviembre de 2016.
Esta vez, Moïse logró una victoria que evitó el balotaje y asumió en febrero de 2017, pero la oposición considera que su mandato comenzó cuando se fue Martelly.
Por esta diferencia de interpretación, el último año el asesinado mandatario lo gobernó a través de decretos.
“Mi mandato empezó el 7 de febrero del 2017 y termina el 7 de febrero del 2022. Entregaré el poder a su propietario, que es el pueblo de Haití. Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar a los presidentes, a los ministros, al Parlamento y al Poder Judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero solo hay un camino: elecciones. Y yo no participaré en esas elecciones”, había dicho Moise en una entrevista en febrero último.
La casi permanente situación de crisis del Gobierno hizo que en cuatro años Moise tuviera siete primeros ministros. De hecho, Joseph iba a ser relevado esta semana, después de apenas tres meses en el cargo.
Mientras se habla de posibles mercenarios extranjeros, el vecino Gobierno dominicano ordenó el “cierre inmediato” de su frontera con Haití, de 380 kilómetros, entre otras medidas adoptadas por su Consejo de Seguridad.
Mientras la agencia de noticias Sputnik señaló que Dominicana investigaba una posible fuga hacia su territorio de los asesinos, el diario El Nacional de Santo Domingo citó un informe de inteligencia de Haití que sostiene que algunos de los integrantes del comando que asesinaron al mandatario son colombianos.
“Se pusieron en alerta máxima a los organismos de seguridad en los aeropuertos, puertos y puntos fronterizos para que impidan la salida del territorio nacional de cualquier ciudadano de origen colombiano”, señaló el diario.
Otra publicación, Diario Libre, mencionó a un grupo de siete sudamericanos, cuatro colombianos y tres venezolanos, que cumplieron órdenes de “gente muy poderosa involucrada en el narcotráfico y el secuestro”.
Ninguna de esas informaciones pudo confirmarse tas el anuncio de las detenciones, porque el viceministro Exantus no brindó detalles.
A este escenario de violencia imparable, tensión e incertidumbre, se suma un cuadro de pobreza crónica -es el país más pobre de América- y recurrentes desastres naturales.
El magnicidio del haitiano constituye el octavo de un presidente latinoamericano en ejercicio de su mandato desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Por eso, la noticia dio paso de inmediato a una cadena de repudios, entre ellos el de Estados Unidos, que calificó de “horrible” el crimen y dijo a través de la secretaria de prensa, Jen Psaki, que Washington está dispuesto a ayudar en la investigación.
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Además, expresaron su rechazo al crimen el Reino Unido, Francia; los presidentes de la Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Colombia Iván Duque; Cuba, Miguel Díaz-Canel; México, Andrés López Obrador, y Perú, Francisco Sagasti, y las cancillerías de Chile, Uruguay y Venezuela, junto a la ONU y la OEA.
Con información de Télam.
