Unas 1.025 personas fueron condenadas en la Argentina en los últimos años por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983.
Así lo informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, en la víspera del 45 aniversario del Golpe de Estado que comandó Jorge Rafael Videla el 24 de marzo de 1.976.
La Procuración informó que actualmente existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso.
El organismo encargado de articular con los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de todo el país la persecución penal en estos casos, destacó que entre febrero y marzo de 2021 -mes del 45° aniversario del golpe de Estado de 1976- han iniciado los debates de cinco causas y que en abril se espera el inicio de otra. La marca se acerca en los primeros meses de este año al total de nueve registrado durante el 2020.
La Procuraduría indicó que la situación de emergencia sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios: de los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite.
De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia.
Con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006 -cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- suman 1025, mientras que otras 165 personas resultaron absueltas.
Mientras tanto, hay 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida. Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas. A lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto.
Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas. De todas ellas, hay 1661 personas -es decir, un 47% del total- que transitan los procesos en libertad, mientas que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio. Esta modalidad de detención predomina desde 2016.
Por otro lado, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, la Procuraduría promedió los plazos y estimó que transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme, informó el MPF a través del sitio oficial Fiscales.gob.ar.
Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.
