El Gobierno descartó un juicio político para Gils Carbó

Por falta de número, el oficialismo descartó el juicio político a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y ahora apuesta a recomponer los acuerdos parlamentarios para insistir con la reforma del Ministerio Público y, así, recortarle el poder a la jefa de los fiscales.

Según la ley vigente, para desplazar a la procuradora se necesitan dos tercios de los votos en cada cámara, una mayoría que el oficialismo no puede reunir en Diputados ni en el Senado. A pocas horas de caído el tratamiento de la reforma, Miguel Pichetto participó de una reunión con Sergio Massa en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. El jefe de los senadores del Frente para la Victoria (FPV) dejó en claro que no contaran con él para avanzar con el juicio político.

Clausurado el camino del juicio político, el oficialismo intentará hacer modificaciones al dictamen para poder insistir con la reforma. El texto aprobado en comisión reunió el rechazo de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales y de un grupo de ONG con larga trayectoria en temas de justicia. Todos coincidieron en que el proyecto ponía en riesgo la independencia del Ministerio Público porque, entre otras cosas, le daba facultades "excesivas" a la comisión bicameral de control y seguimiento del organismo, a cargo de la massista Graciela Camaño.

Después de conocidas las críticas de Carrió, el Frente Renovador, que había firmado el dictamen en disidencia parcial, elaboró un documento para proponer 14 modificaciones. Coincidió en que deben recortarse facultades de la comisión bicameral, pero sostuvo que la duración del mandato del procurador general debe ser de siete años y no de cinco.