Hace tres años, el entonces candidato presidencial Mauricio Macri prometió eliminar Ganancias para los trabajadores. Ya sentado en el sillón de Rivadavia, no solamente no cumplió su promesa sino que al día de hoy aumentó un 62% la cantidad de trabajadores que pagan este impuesto, con respecto a 2015, y no hay previsión de bajar la carga por lo menos en el último año de mandato de Cambiemos.
Según cifras brindadas por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la Cámara de Diputados, el impuesto a las Ganancias afecta actualmente a 1.939.994 personas.
El año pasado lo pagaban 1.990.349; en 2016, el tributo afectaba a 1.688.141; y en 2015 eran 1.194.149 personas. Aquí están incluidos jubilados.
Según los últimos datos disponibles, aproximadamente el 20% de los asalariados tributa el impuesto. En 2015, el porcentaje era del 13%.
En el Gobierno admiten que cada vez más personas pagan Ganancias, pero subrayan que lo hacen por montos sensiblemente más bajos en términos reales que los que se pagaban durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Por este motivo la CGT, que entonces conducía Hugo Moyano, organizó paros nacionales. Hoy el líder camionero y la senadora del Frente para la Victoria están en vías de volver a ser aliados políticos.
Que haya más trabajadores afectados por Ganancias pero que pagan menos que lo que pagaban durante el kirchnerismo es fruto de la actualización de los mínimos y deducciones y de los tramos de la escala del impuesto dispuesta con la ley sancionada en diciembre de 2015, tras un acuerdo entre el Gobierno y Sergio Massa, que entonces era diputado y tenía peso en el Parlamento.
"Es cierto que un mayor número de trabajadores queda alcanzado actualmente por el impuesto a las Ganancias, pero lo hacen a tasas reducidas; en tanto que quienes ya tributaban en 2015 han experimentado una significativa disminución en la presión tributaria derivada de este impuesto", dice un informe realizado por los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Según el informe, los trabajadores alcanzados por Ganancias experimentaron una reducción de la alícuota efectiva de entre 10 y 8 puntos porcentuales, para los niveles de ingresos menores, y de entre 5 y 3 puntos porcentuales para los de mayor remuneración. Según los economistas, esto "ha contribuido a restaurar en parte la progresividad perdida" en el esquema que regía durante el kirchnerismo.
Sin embargo, Macri prometió la eliminación de este impuesto para todos los trabajadores. Una meta incumplible, más aún en el contexto de crisis económica y de ajuste fiscal para cumplir con el objetivo de déficit 0.
Por otra parte, a los gobernadores tampoco les simpatiza la idea de eliminar y ni siquiera bajar la carga de Ganancias, porque este impuesto es coparticipable. Menos recauda el Gobierno nacional, menos recaudan las provincias.
Con el Congreso cerrado, y con el ajuste en plena ejecución, una eventual actualización de Ganancias deberá esperar como mínimo hasta el 1° de marzo del año que viene y en tal caso tendría vigor en 2020.
Otra reforma en carpeta
Por otra parte, el aumento del impuesto a los Bienes Personales es el único asunto de peso que quedó pendiente de convertirse en ley de los que forman parte del acuerdo presupuestario entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Tras la polémica por los asientos en el Consejo de la Magistratura las relaciones entre Cambiemos y el peronismo quedaron lesionadas y todo el mundo coincide en el Palacio del Congreso en que no hay clima para realizar una sesión en la Cámara de Diputados para cumplir ese cometido antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el viernes 30.
Por eso en la Casa Rosada no descartan que el presidente Macri convoque a sesiones extraordinarias en diciembre con el fin de completar el trámite parlamentario de la suba en Bienes Personales, que establece escalas del 0,25% al 0,75%, deja eximido del pago a los inmuebles rurales y establece que las propiedades en las que vivan sus dueños quedarán eximidas siempre y cuando tengan hasta 18 millones de pesos de valuación fiscal. Esta última propuesta fue impulsada por el senador justicialista Miguel Pichetto.
De todas maneras, en Cambiemos no hay apuro porque, según indicaron tributaristas consultados, para sancionar la reforma de Bienes Personales queda aún la posibilidad de sesionar en diciembre o en febrero, si Macri convoca a extraordinarias, o bien en marzo y abril, ya en ordinarias, porque los anticipos de este impuesto se liquidan en julio.
La suba en Bienes Personales es una de las tres leyes complementarias del Presupuesto 2019.
El Presupuesto establece un duro recorte en todas las áreas del Estado para cumplir el objetivo de déficit cero en 2019 y así alinear la política económica con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para compensar tal ajuste, el Gobierno y los mandatarios provinciales acordaron tres proyectos de ley complementarios: la suspensión de los ajustes por inflación en los balances de empresas, para pagar menos Ganancias; la adenda del pacto fiscal de 2017, que permite subas impositivas, y el aumento en Bienes Personales.
Excepto Bienes Personales, el resto del paquete ya fue sancionado por ambas cámaras del Congreso.