La Corte Suprema de Justicia de la Nación le solicitó al Gobierno aumentar el giro de fondos para que los salarios del Poder Judicial sean incrementados un 20% extra antes de fin de año, con el objetivo de alcanzar un alza del 40% en 2018.
La solicitud fue realizada a través de una nota formal enviada por el máximo tribunal de justicia al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El Gobierno reconoce que la inflación de este año superará el 42%.
El pedido consiste realizar una modificación presupuestaria para enviar unos 1.605 millones de pesos extra al Poder Judicial. De ese total, 205 millones serán administrados por la propia Corte y el resto, 1.400 millones de pesos, por el Consejo de la Magistratura.
Con ese dinero, dice la nota enviada por el máximo tribunal a Peña, se aplicará un aumento salarial en dos tramos: 10% a partir del 1° de octubre y del 10% a partir del 1° de diciembre.
“Sin otro particular, y a la espera de una resolución favorable sobre el requerimiento realizado, lo saludamos a usted muy atentamente”, finaliza el escueto texto enviado a Peña.
La nota lleva la firma del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidenta, Elena Higton de Nolasco. Asimismo, acompañan los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda.
Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación oficializó el acuerdo, que fue firmado por unanimidad por todos los integrantes de la Corte Suprema. El dirigente sindical dijo en su cuenta de Twitter que fue "gracias a la propuesta de la mayoría peronista (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda)". Con este acuerdo los judiciales habrán alcanzado una suba salarial nominal del 40%.
Este pedido fue realizado por la Corte una semana después de que Cambiemos frenara en el Congreso un tratamiento exprés de un proyecto de ley de la Unión Cívica Radical para que todo el Poder Judicial sea afectado al pago del impuesto a las Ganancias.
En la madrugada del jueves 25 de octubre quedó en evidencia que una importante cantidad de diputados está a favor de que todos los jueces, sin excepción, empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias.
Por eso Cambiemos, en acuerdo con la oposición, se comprometió a tratar en comisión el proyecto del radicalismo que elimina este beneficio histórico en los próximos días, para llevarlo al recinto antes de fin de año.
Días atrás, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se mostró a favor del proyecto para extender el impuesto. Por una ley, los magistrados nombrados desde 2017 sí tributan el gravamen, aunque existe un amparo presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que fue apelado por el Gobierno. Será la Procuración y luego la Corte quienes diriman el tema.
Este beneficio para jueces, fiscales y defensores federales, del que también gozan los empleados judiciales, está vigente de manera formal gracias a la acordada 20 de la Corte Suprema de Justicia de 1996, que los exime del pago de Ganancias.
Ese mismo año, con Carlos Menem de presidente, el Congreso sancionó la ley 24.631 e hizo caer la exención del Impuesto a las Ganancias para los legisladores y jueces.
Diputados y senadores empezaron a pagarlo sobre el básico, pero a los pocos días la Corte Suprema dictó la acordada 20/96 que consideró “inaplicable” esa norma para los magistrados y así instauró este privilegio hasta nuestros días.
