El presidente Mauricio Macri dio la orden: que las empresas involucradas en los cuadernos puedan seguir siendo contratistas del Estado, pero con algunas condiciones bien precisas.
Los directivos que sean encontrados penalmente responsables de haber pagado coimas o que lo asuman por sí mismos dentro de la figura del arrepentido deberán “dar un paso al costado” de las compañías.
Esto formará parte de un nuevo marco ético y de transparencia que pondrá en marcha la administración Cambiemos, anunció el procurador del Tesoro de la Nación, Bernando Saravia Frías, en una conferencia de prensa.
Se trata de un conjunto de "reglas de juego" que van a aplicar no solamente a la obra pública sino de manera inmediata al sistema de contratación de participación público privada (PPP).
Así reaccionará el Gobierno ante la denominada "causa de los cuadernos" en la que la Justicia investiga el presunto pago de sobornos de empresarios de renombre a funcionarios kirchneristas entre 2008 y 2015.
La gestión Macri busca "separar" las responsabilidades de las empresas respecto de algunos eventuales actos ilícitos –como el pago de coimas- que hayan cometidos sus directivos en tanto personas físicas.
En ese sentido, Saravia Frías ejemplificó que Aldo Roggio renunció a la presidencia de dos de sus empresas, Benito Roggio e Hijos S.A. y Clisa, Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios.
La renuncia de Roggio al directorio de su propia empresa se dio el 16 de agosto pasado luego de que el juez Claudio Bonadio homologara su presentación como imputado colaborador (arrepentido) en la causa judicial de cuadernos.
“Por lo que sé, el señor Roggio ha dado un paso al costado. Pero habrá que considerar caso por caso. Esto es casuístico, no se puede establecer un principio general que diga que se prohíbe o no se otorgan más contratos de obra pública a todas las empresas por la sola circunstancia de estar nombrada en un cuaderno”, dijo Saravia Frías.
En esa línea, el funcionario indicó que hay que “actuar de maneras responsable” para tomar determinaciones y resaltó la importancia de respetar el principio constitucional de inocencia, hasta que exista una sentencia judicial.
"Si hay una cuestión que tenemos clara es que aquellas personas físicas que tengan o se encuentren penalmente responsables, sea por adherir a la calidad de arrepentido o sea porque la Justicia así lo determina deberán dar un paso al costado en su rol de socios estratégicos o directores en las empresas que desean continuar realizando obras públicas", dijo Saravia Frías.
Ante la consulta de este diario, el funcionario aclaró que "no habrá favoritismos" con ninguna de las empresas implicadas en la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli.
Saravia Frías insistió con que si hay una responsabilidad penal bajo un proceso judicial, estas personas físicas "van a tener que dar un paso al costado" en los directorios de las compañías, y aclaró que esto "no es imposible".
"Es posible y lo vamos a implementar en el proceso de financiamiento. Son condiciones precedentes bajo un préstamo. Esto va a ocurrir. Tengan la certeza. Habrá que considerar caso por caso", afirmó.
Entre las cuestiones que el Estado empezará a exigir a las empresas de aquí en adelante implementen normas de éticas y de integridad, y el monitoreo del efectivo cumplimiento de las mismas, aseguró Saravia Frías.
El funcionario participó de una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el presidente del Banco Central, Javier González Fraga.
También estuvieron la Secretaria de Obras del Ministerio de Transporte de la Nación, Manuela López Menéndez; y el subsecretario de Participación Público Privado del Ministerio de Hacienda, José Luis Morea.
