Desde el Gobierno preparan la apelación de YPF en respuesta al fallo de la justicia de los Estados Unidos que resolvió la demanda de un fondo buitre por 3 mil millones de dólares por las acciones que el Grupo Petersen tenía en YPF-Repsol.
La petrolera estatal dio a conocer en un comunicado dirigido a la Comisión de Valores de Buenos Aires que estudia la forma de accionar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos y dejo en claro que utilizarán "todos los recursos legales necesarios" para poder defender sus intereses.
La millonaria demanda fue impulsada por el fondo buitre Budford, que se apropió de las acciones que estaban en manos del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y que se quedó con los derechos y las herramientas para demandar. El fondo solicita el pago de U$S 3.000 millones, que se sumarían a los US$ 5.000 millones que se le entregaron a Repsol a modo de compensación.
Cuando se produjo la reestatización, en 2012, la Argentina tendría que haber realizado una oferta por todas las acciones y no solo por el 51%, como lo pide el fondo litigante. De esta forma se desprendería totalmente del estatuto de YPF de 1993, expuesto ante la comisión de valores estadounidense.
Los inversores se adjudicaron dos empresas residuales que pertenecían a los Eskenazi, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Dichas compañías se armaron hace una década, cuando los empresarios nacionales ingresaron a YPF, que en ese momento era manejada por Repsol, en poder de Néstor Kirchner. En abril de 2017, Burford confirmó que vendió un 15% de esa participación en U$S 66 millones de dólares.
El Gobierno intentó trasladar el juicio a los tribunales locales, en la búsqueda de reducir la chance de que haya una sentencia definitiva en contra del país. Aunque a partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio, el litigio continuará en Estados Unidos con un destino totalmente incierto.
El Estado cuenta con la posibilidad de presentar una apelación ante la Corte de los Estados Unidos, una alternativa que ven como factible desde el Ejecutivo para agotar todas las instancias judiciales.La Procuración del Tesoro, que representa al Estado, a modo de estrategia planteará un procedimiento conocido como "Discovery process".
Dicha herramienta obligaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización.
Por otra parte, desde la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto solicitaron al juez federal Ariel Lijo que investigue la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital.
El pedido se basa en que la operación consistió "en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".
