El gobierno del presidente Daniel Ortega se encuentra entre la violencia y la renuncia. La corrupción, la censura a varios medios de prensa y la falta de garantías del país se han sumado a los reclamos, que vienen desde sectores gremiales, empresarios, políticos y estudiantiles. El saldo de heridos e incluso muertos sigue en aumento a través de los 60 días en conflicto y la grave situación va in crescendo.
La noche del miércoles fue caótica. Las fuerzas orteguistas tiñieron de horror varias partes del país. El Presidente intenta sostener su poder por la fuerza para terminar con la presión popular. Es el primer paso para no acatar la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigió al Gobierno terminar con la represión en Nicaragua.
El Diálogo Nacional, que contaba con la mediación de la Iglesia, fracasó esta semana cuando miembros de la opositora Alianza Cívica denunciaron que el Gobierno "olvidó enviar" las cartas de invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea, para que visiten Nicaragua y registren las violaciones del régimen durante la gran represión.
La respuesta popular fue total, con más bloqueos en todo el país, sobre todo en las zonas del Norte y Sur que abastecen a Managua de alimentos. Los empresarios que forman parte de las negociaciones, señalaron que apoyaban la agenda presentada por los obispos, por una reforma parcial a la Constitución para adelantar de forma inmediata las elecciones, destituir a los magistrados del Poder Electoral y crear una Ley Marco que permita un cambio pacífico y democrático. Las cúpulas empresariales, una de las bases más firmes de Ortega para mantenerse en el poder, se distanciaron ahora del mandatario y exigieron su renuncia inmediata. El Gobierno tomó este supuesto "diálogo nacional" como un abierto golpe de Estado.
Los nicaragüenses dieron por fracasado el proceso y la tarde del miércoles salieron a las calles de todo el país para exigir la salida de Ortega. Las barricadas se reforzaron en todo el país. "Seguimos invitando al pueblo de Nicaragua a manifestarse", dijo Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino que se opone a la concesión para construir un Canal Interoceánico, entregada por Ortega a un empresario chino.
Internacionalmente, la realidad de Nicaragua preocupa y mucho. La ONU estudia abrir una investigación internacional sobre la crisis, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ya propuso adelantar las elecciones generales para el 31 de marzo de 2019, sin posibilidad de reelección. Por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se refirió a que la solución a la crisis "deben ser elecciones lo antes posible".
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exigió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, "terminar ahora" con la "espiral de violencia". "Esto debe terminar y debe terminar ahora", exigió Pence en un discurso sobre Nicaragua, el pasado 14 de junio.
Lo cierto es que los problemas crecen día a día, al igual que la escalada de violencia. Las partes no logran llegar a un acuerdo a corto plazo. Y las opiniones extranjeras parecen no tener peso aún, ni en el presidente ni en el gabinete que lo rodea.
