La OA analizará el nombramiento de la empleada de Triaca en el SOMU

Sandra Heredia trabajó en una finca propiedad de la familia del ministro de Trabajo.

El ministro se disculpó por su exabrupto
El ministro se disculpó por su exabrupto

La Oficina Anticorrupción (OA) analizará el nombramiento de la ex empleada doméstica Sandra Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido tras la detención de su titular, Omar "Caballo" Suárez.

El análisis del caso se limitará a esa contratación en el gremio marítimo por parte del ministro de Trabajo Jorge Triaca. El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó esto como "un error", aunque sostuvo que Triaca es "un excelente ministro y persona", y afirmó que su cargo no estaba en riesgo

Heredia relató que en abril de 2017, después de pedir un aumento salarial a la familia Triaca, fue nombrada en la delegación San Fernando de la intervención del SOMU, el gremio que lideraba Omar "el Caballo" Suárez antes de su detención.

Por otra parte, la OA no avanzará en cuanto al exabrupto que tuvo el ministro en su diálogo vía audio de WhatsApp con Heredia, en ese momento empleada en una finca propiedad de la familia Triaca.

El ministro de Trabajo aseguró, tras la divulgación del audio a Heredia, que la mujer era una empleada de su hermano Carlos, y rechazó mantener un vínculo laboral con ella.

Por otra parte, la defensa de Suárez recusó hoy al juez federal Rodolfo Canicoba Corral por "pérdida de objetividad" en la causa en la que se investigan supuestos desmanejos y extorsiones por parte del ex líder del gremio de marítimos.

Luego de que saliera a la luz el caso de Heredia, el abogado Alejandro Argibay Molina acusó al magistrado de haber realizado medidas de prueba "por presión del Gobierno" y para "evitar ser destituido" y de haber hecho la vista gorda ante la designación de militantes y familiares de funcionarios del Gobierno en la intervención del sindicato.

"El señor juez de la causa ha perdido la objetividad en el proceso hace ya mucho tiempo y ha realizado una gran serie de medidas de prueba coercitivas contra el imputado y contra personas jurídicas, que queda demostrado lo fueron por presión política o en interés personal, y para ofrecer favores hacia terceras personas de la política argentina y del Ejecutivo nacional", sostuvo el abogado.