Con la participación de líderes de más de 10 países, Luis Arce y David Choquehuanca juraron este domingo como presidente y vice de Bolivia, en una ceremonia, la primera en 14 años, en la que la presidenta de facto saliente, Jeanine Áñez, decidió no participar y que significa el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, a un año del golpe de Estado que forzó la renuncia de Evo Morales.
Bolivia no presencia una transmisión de mando de un presidente saliente a uno electo desde el año 2006, cuando el presidente transitorio Eduardo Rodríguez Veltzé traspasó la presidencia a Evo Morales.
Para esta oportunidad la Cancillería extendió cerca de 120 invitaciones a jefes de Estado y organismos internacionales para la asunción del presidente electo Luis Arce.
El presidente argentino, Alberto Fernández; el rey de Espala, Felipe VI; el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias; el presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, son algunos de los jefe de Estado que participarán este mediodía de la ceremonia de asunción.
Arce, el mandatario número 67 de la historia del país, prometió cumplir sus labores como presidente de Bolivia con la mano en el corazón, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Durante la campaña electoral, Arce realizó al menos siete propuestas concretas para los primeros meses de su mandato, muchas de ellas relacionadas con la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas.
Así, prometió el pago de un Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos (122 euros) este mismo 2020 para los ciudadanos mayores de 18 años que no tengan ingresos. La iniciativa ya fue aprobada por el Parlamento y tendrá financiación del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Asimismo, prometió una canasta familiar para aquellos hogares donde se vive del día y que serían entregadas por las Fuerzas Armadas para garantizar así la alimentación de las familias.
En materia económica, Arce prometió que ratificará la prohibición de despidos, una normativa incumplida por numerosas empresas que han cerrado y han despedido a miles de trabajadores. Además, en caso de nuevo confinamiento el Estado se haga cargo del pago de los alquileres de las personas que no tienen ingresos fijos.
Arce prometió igualmente sustituir las importaciones, fomentar la producción boliviana y así reducir la cantidad de productos importados en la medida de lo posible. "Por ejemplo, construir dos plantas de diésel en Santa Cruz y en Cochabamba. Así podemos producir nuestro propio diésel y dejar de importar", afirmaba en una entrevista reciente.
Asimismo, el presidente prometió la industrialización de recursos naturales como el litio del Salar de Uyuni, los hidrocarburos y la energía eléctrica.
Una de las propuestas más polémicas es un tributo para aquellas personas que tienen patrimonio de entre 5 y 10 millones de dólares y que afectaría al 0,01 por ciento de la población.
En el ámbito meramente político, Arce prometió un Gobierno de conciliación y de unidad nacional y que no habrá persecución contra ningún opositor. También va reformar la justicia, sobre todo para que se otorgue más peso a los méritos que a la votación en la selección de magistrados.
Por fuera de este clima festivo, la decisión de Áñez de partir ayer hacia su región del Beni para no entregar el mando al presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) marca la tensión en que transitarán al menos los primeros tiempos del nuevo Gobierno.
"He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia", escribió ayer Áñez en su cuenta de Twitter.
En este contexto, el Ministerio Público de La Paz ordenó una alerta migratoria para evitar que los exministros interinos de Interior y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, salgan del país por no responder en un juicio abierto en su contra por corrupción.
En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y rica de Bolivia y la cuna de la oposición que alentó un levantamiento en 2019 para forzar la caída de Evo Morales, el Comité Cívico emprendió paros de protesta por el presunto fraude, sobre el que no presentaron pruebas, en el resultado de la elección en la que el MAS obtuvo el 55,1% de los votos.
