Los independentistas de Cataluña aprobaron este miércoles la ley para dar cobertura legal al referéndum de secesión unilateral de España del 1 de octubre, en medio de gran tensión política y de denuncias de la oposición de que se pisotearon sus derechos y los de todos los catalanes en aras de una incitativa antidemocrática.
Gracias a su mayoría en el Parlamento catalán, los independentistas sacaron adelante la ley de la consulta con 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra, por la ausencia de socialistas, liberales y conservadores, todos ellos opuestos a la medida.
Luego de aprobarse la ley, el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los demás integrantes del Ejecutivo de Cataluña firmaron sobre una carpeta la convocatoria oficial del referéndum en una ceremonia en una de las salas del Parlamento regional.
Al término de una jornada vertiginosa e inédita, el gobierno catalán consumó así lo que supone el mayor desafío a la unidad de España desde la transición, además de la peor crisis institucional en décadas.
Ante el paso dado por Cataluña, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, puso en marcha los mecanismos jurídicos para voltear las decisiones adoptadas por el Parlamento catalán, con la intención de salvaguardar el Estado de derecho ante lo que consideró un "grotesco ataque" a la Constitución.
En una clima de máxima tensión con Madrid, la agencia de noticias pública catalana ACN informó que agentes de la policía española rodearon al caer la tarde una imprenta de la ciudad catalana de Constantí donde se podría imprimir el padrón para el referéndum.
Los agentes policiales revisaron autos de los empleados en el cambio de turno en busca de "posibles documentos relacionados con el referéndum", afirmó ACN, que citó a fuentes de la imprenta.
