La última esperanza de Juntos por el Cambio para mantener en sus cargos en Comodoro Py a los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, y al juez Germán Castelli, es que la Corte Suprema de Justicia se expida prontamente contra la decisión de los senadores kirchneristas de anular sus traslados a esos cargos y el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández para formalizar la remoción de los magistrados.
"Espero que la Corte actúe rápidamente y restablezca la legalidad que el Gobierno ha violado de manera tan grosera", planteó ante la consulta de Vía País Pablo Tonelli, el diputado y representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura.
Tonelli fue quien lideró la defensa de los magistrados en la Magistratura, cuando el consejero del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, impulsó una propuesta para revisar una serie de traslados que se concretaron sin contar con un nuevo acuerdo del Senado y fundamentalmente los que estableció Mauricio Macri durante su gobierno.
La posición de Tonelli no alcanzó para frenar la avanzada del oficialismo, que prosperó en el Consejo de la Magistratura con el respaldo de Graciela Camaño, la diputada nacional que responde a Roberto Lavagna.
Aquellos debates se centraron en las distintas interpretaciones de dos acordadas de la Corte Suprema de Justicia, la número 4 y la número 8 de 2018. Con la primera, el máximo tribunal de Justicia frenó la conformación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 (TOF9) para juzgar a la entonces exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque terrorista contra la AMIA y al empresario Lázaro Báez por el presunto direccionamiento de la obra pública.
En la acordada 4, que firmaron los jueces Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, se ordenó volver a sortear las bancas de ese tribunal porque los magistrados Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra, que había nombrado inicialmente Macri, provenían de un fuero ordinario y no reunían con los requisitos para asumir en cargos federales.
Ante lo expuesto, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano elevó una consulta a la Corte para que se pronuncie respecto a otros traslados, entre los que ya se planteaba el de Bruglia. En la acordada 7, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti indicaron que cuando el traslado de un magistrado se realice a un puesto de “igual o similar” competencia “no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del artículo 99 de la Constitución Nacional”, que establece que el Presidente tiene la facultad de nombrar “a jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.
Pero finalmente, el pasado miércoles se terminó de imponer la mirada de los integrantes del Frente de Todos respecto a la situación. Los senadores del oficialismo, en una sesión virtual que no contó con la participación de la oposición, votaron la anulación de los traslados.
Uno de los argumentos del kirchnerismo e incluso el que esgrimió el titular del Consejo, Alberto Lugones, fue que los tres jueces señalados no cumplieron con la convocatoria del Senado para completar su proceso de selección en los nuevos cargos. Para JxC, el planteo es solamente una “excusa” porque los magistrados ya habían trasladado el debate a la Justicia e incluso con un pedido de per saltum a la Corte.
"Todo el procedimiento vinculado con la remoción de esos jueces ha sido ilegal desde el principio. Ilegal fue la resolución del Consejo de la Magistratura, ilegal fue la intervención del Senado y más ilegal aún son los decretos del Poder Ejecutivo porque esos tres jueces fueron correctamente trasladados", opinó Tonelli.
El referente de JxC reiteró que los traslados "están perfectamente encuadrados en los requisitos fijados en la Corte Suprema de Justicia en las acordadas 4 y 7" y por ello recurrió a la interpretación política de los acontecimientos: "Todo esto en definitiva no es más que una manifestación de una venganza decidida, inspirada y llevada adelante por la vicepresidenta de la Nación".
Al igual que la mayoría de los referentes de la oposición, él cree que Cristina Kirchner "busca es asegurar impunidad para ella, para sus familias y para otros ex funcionarios del anterior gobierno kirchnerista".
Ahora, la última esperanza de JxC y, en menor medida, de Bruglia y Bertuzzi, es que el máximo tribunal salga a frenar la anulación de los traslados. Antes de la votación en el Senado, la Corte dijo que atendería la situación, aunque no con la urgencia que invocaron los camaristas.
Según supo Vía País, Bruglia y Bertuzzi temen que sus reclamos se diluyan en un limbo judicial porque no descartan la posibilidad de que la Corte aguarde el fallo de la Cámara de Apelaciones que ahora atiende su reclamo y la posterior presentación de un recurso extraordinario.
Por lo pronto, el que se mostró más dispuesto a resistir fue el juez Castelli, a quien corrieron del Tribunal Oral Federal 7 que debe iniciar el juicio oral en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, en la que también se investiga a Cristina Kichner para determinar si lideró una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios beneficiados con la obra pública.
