A pesar de que el gobierno nacional obligó a los empleadores de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares a pagar los salarios durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, aunque no pudieran realizar sus tareas habituales, muchos de ellos no cumplieron.
La única excepción al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 se daba cuando esos trabajadores "fueran cuidadoras o cuidadores no terapéuticas de personas enfermas, discapacitadas o mayores de 60 años que estén solas y requieran asistencia. O que, teniendo familiares o allegados, por alguna razón justificada no pudieran ocuparse y también las trabajadoras que desarrollen tareas de cuidado de niños o niñas cuyos padres deban trabajan fuera de su casa", explicó a Clarín el abogado laboralista y asesor legal de organizaciones sindicales ante la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Matías Isequilla.
Sin embargo, según un informe publicado por el mencionado medio, la mayoría no está percibiendo los ingresos correspondientes o fueron cesanteados (más del 70% trabajaba en la informalidad), mientras que en algunos casos se condiciona el pago a que trabajen, violando las disposiciones oficiales de la cuarentena.
Para colmo, los empleadores de personal doméstico quedaron excluidos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que otorga ayuda económica a los trabajadores, la cual se deduce del salario que debe pagar el empleador.
El empleado, en tanto, sí tiene derecho a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, que no es deducible del salario, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH) si tiene hijos menores a cargo.
Los registros del Ministerio de Trabajo indican que en los primeros 4 meses de 2020, el personal doméstico declarado por los empleadores se redujo de 497.700 a 477.000: un total de 20.700 empleos registrados menos.
