El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo López Alfonsín ponderó el derecho de los ciudadanos al acceso a la información y ordenó al gobierno porteño informar sobre la pauta publicitaria oficial a partir del 2015.
Fuentes judiciales indicaron que el magistrado tomó la decisión, para cuyo cumplimiento fijó un plazo "improrrogable" de 10 días, a pedido de la Fundación Poder Ciudadano, para que se conozca el destino de los fondos públicos.
El juez fundamentó la medida en el "derecho a la información" y "el interés social" respecto de la utilización de esos fondos para campañas publicitarias. Y sostuvo que el acceso a la información no es una "gracia" ni un "favor" del gobierno, sino un "concepto amplio" sobre el ejercicio de un derecho republicano.
