El Gobierno nacional se definió y eliminará el decreto que impide nombrar familiares como funcionarios, que fue determinado por el expresidente Mauricio Macri en enero de 2018.
Durante la anterior gestión, se implementó a partir de la polémica por la presencia en la planta estatal de la mujer y dos hermanas del exministro de Trabajo Jorge Triaca. Luego, se conocieron los casos del entonces ministro de Turismo Gustavo Santos, quien tenía a su hijo designado como jefe de asesores y del exministro de Defensa Oscar Aguad, que tenía a su yerno en sus filas.
En esta oportunidad, el gobierno dejará sin efecto esa norma, ya que existen varios ejemplos entre los nuevos funcionarios, como es el caso de Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos) y Francisco "Pancho" Meritello (secretario de Medios) que son cuñados.
Además, el canciller Felipe Solá y su cuñado Guillermo Justo Chávez -recibió a Evo Morales en su llegada a la Argentina- representan otro ejemplo por el que la actual administración dejará sin efecto esa norma.
En tanto, Francisco Cafiero, primo de Santiago, asumió este viernes en el Ministerio de Defensa que conduce Agustín Rossi.
El decreto de Macri
"Sector Público Nacional. Decreto 93/2018. Designación de personas con algún vínculo de parentesco. Criterios aplicables". Así comienza el decreto que el 30 de enero del año pasado el gobierno publicó en el Boletín Oficial el 30 de enero del año pasado con respecto a la restricción de familiares de funcionarios en la administración pública.
"No podrán efectuarse designaciones de personas en todo el Sector Público Nacional que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro", establece el decreto.
Entre los considerandos, se encuentra el compromiso "de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas" y de "adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos".
