"Plataforma", a secas. Bajo ese título, el Frente de Todos, presentó sus propuestas. Se trata de las políticas que instrumentará el próximo cuatrienio el gobierno de Alberto Fernández si resulta electo presidente.
Las propuestas fueron elaboradas y presentadas antes de las Paso. En su confección participaron políticos y especialistas de las tres fuerzas componentes de la coalición: la kirchnerista Unidad Ciudadana; el PJ y el massista Frente Renovador. La coordinación de los equipos técnicos estuvo a cargo de Nicolás Trotta, titular de la Umet (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), integrante de la “mesa chica” albertista.
La plataforma incluye propuestas para 16 áreas de gobierno, que en sí mismas y en el orden en que aparecen son toda una definición política e ideológica, en tanto definen prioridades. Son ellas: Estado; desarrollo económico; desarrollo social; personas mayores, jubilados y jubiladas.
Seguidas por: educación; salud; ciencia, tecnología e innovación; ambiente y desarrollo sustentable; justicia; seguridad; derechos humanos; equidad de género; transparencia; cultura y comunicación; política exterior e integración latinoamericana, y defensa.
Pero por sobre el detalle de las propuestas para cada área, sobresale la concepción política y económica con la que el frente peronista afrontaría desde el gobierno "la superación de la crisis económica y social sobre la base de un amplio acuerdo".
“Nuestro país necesita de un nuevo contrato social”, dice en su introducción la plataforma de Todos. Ese concepto fue planteado por primera vez por la ex presidenta Cristina Fernández, cuando la presentación inaugural de su “Sinceramente” en la sede porteña de la SRA, en mayo, días antes de designar candidato a Alberto.
Según Todos, ese "nuevo contrato social" es imprescindible para "poder superar una profunda crisis inducida por las políticas implementadas por la Alianza Cambiemos (chicana, la primera palabra: una alusión a la que estalló en 2001) y afianzadas a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".
Durante la campaña, el candidato de Todos definió que ese "nuevo contrato social" tendrá un primer paso para atender la emergencia: un pacto social (acuerdo de precios y salarios) por 180 días. Pero a partir de ese instrumento también se definirán compromisos para el mediano y largo plazo, que permita "superar las crisis cíclicas que han caracterizado a nuestra historia".
“Un contrato que reúna los intereses y necesidades de los diversos actores sociales (sector trabajador, sector empresarial, cooperativas, organizaciones sociales, entre otros), escuchando sus necesidades y legítimas aspiraciones, garantizando una mirada federal de las urgencias y de los desafíos de cada región y rincón de nuestro país”, precisa, antes de hacer énfasis en la “urgente necesidad de emprender un camino de crecimiento con fuerte inclusión social”.
También revaloriza los pactos y acuerdos como "parte sustancial" de la historia argentina, del mismo modo que "el capital simbólico pero también auténtico" del frente con eje en el PJ para convocar a ese "nuevo contrato social" a los diferentes sectores, desde el sindicalismo y los movimientos sociales, hasta las iglesias y el empresariado.
A partir de estas consideraciones, la "Plataforma" define políticas para cada área. En primer lugar, y no por azar, el Estado, cuyo papel aparece revalorizado, en comparación con el papel secundario al que lo redujo Cambiemos. "Es el garante indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena para el bienestar de la sociedad a partir de la producción de bienes y de servicios públicos", dice. Y precisa que esto es particularmente relevante en un contexto de "inestabilidad económica, deterioro de la situación social y extrema fragilidad institucional", términos en los que define la situación del país tras los cuatro años de administración macrista.
Por la Corresponsalía Buenos Aires
