La corrupción es un tema que está presente en el debate político siempre, no solo en la campaña electoral. Pero también es uno de los ejes con los que el Gobierno le hace frente al kirchnerismo de cara a los comicios, debido a los innumerables casos denunciados.
Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación, reflexionó sobre esos hechos y destacó la importancia de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria que entró en vigencia el 1 de marzo de 2018. Porque, dijo, las empresas son una parte clave en el problema.
"Sin un privado que ofrezca una coima o soborno, o acepte coimear o sobornar, no habría corrupción. Hay mucha teoría sobre la cuestión", dijo la vicepresidenta al participar del Segundo Congreso Internacional de Compliance.
Bajo el título "Buenas prácticas de transparencia en Argentina y América Latina", el evento se realizó en la Universidad Católica Argentina (UCA) con la presencia de expertos nacionales, del exterior y funcionarios.
Según señaló Michetti, "la corrupción ha generado un perjuicio importante" a la Argentina a lo largo de la historia. Y en ese sentido, sentenció: "Claramente la corrupción de las empresas fue un factor decisivo en años anteriores. La transparencia es el camino más importante para combatir la corrupción".
Por ello, destacó la vigencia de la ley que por primera vez en el país responsabiliza penalmente de manera independiente a las personas jurídicas privadas locales por la comisión de ciertos delitos contra la administración pública y el soborno transnacional.
Michetti insistió con que la colaboración de los privados para luchar contra la corrupción “resulta esencial”. Y al referirse al Poder Judicial expresó que sólo con la ley no alcanza, sino que se necesita “la efectiva sanción sobre los casos que se apartan de la legalidad”.
“Esperemos que en el futuro el Poder Judicial se encargue de hacer efectivas las sanciones y reforzar el mensaje según el cual quien comete un acto de corrupción será castigado", dijo Michetti.
Lina Anllo, presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association (WCA), también hizo hincapié en la necesidad de que las empresas apliquen las medidas para que no se cometan delitos e infracciones.
“Las capacitaciones sobre compliance deben dirigirse a los directores, administradores, empleados y terceros vinculados, lo cual incluye el código de ética y los protocolos de relación con el Estado”, sostuvo Anllo.
Y señaló: "El que negocia la licitación no puede ser el que luego se encargue del pago".
Sobre la reputación Emilio Cornejo Costas, también miembro del Capítulo Argentino de la WCA refirió que no es el Estado el que está evaluando la existencia y solvencia de los programas de integridad (o compliance), sino los bancos y multinacionales.
“Las compañías con alta reputación generan un mejor clima laboral”, manifestó Gustavo Nigohosian, Internal Control & Compliance Director de la Corporación América Airport, que en un año ejecutó la certificación de controles internos.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
