El Gobierno nacional publicó tres decretos presidenciales relacionados al 25 aniversario del ataque terrorista contra la AMIA, que dejó como saldo 85 víctimas y centenares de heridos, y sobre el cuál aún no hubo justicia.
Uno de los decretos firmados por el presidente Mauricio Macri crea el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), el que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Registro incluye a la organización pro-iraní Hezbollah, sindicada como presunta responsable de la concreción del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.
Otro de los decretos, el 478/2019, oficializa el 18 de julio como día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas. Y el tercer decreto, el 489/2019, define una indemnización para una decena de exempleados de AMIA no alcanzados por las compensaciones ya abonadas por el Estado.
El jefe de Estado no tiene previsto asistir al acto central frente a la sede de la calle Pasteur en la Ciudad de Buenos Aires. Desde que asumió en su cargo, Macri participó del acto central solo en 2016, en el primer año de su gestión, y en los aniversarios siguientes recibió a las autoridades de la AMIA.
Eso mismo hará este jueves por la tarde, con un agregado: encabezará en el Museo Casa Rosada la presentación del libro "Justicia Perseguirás", en el que jefes de Estado y titulares de organizaciones internacionales convocados por el Congreso Judío Latinoamericano escribieron sobre el atentado a la mutual judía, el terrorismo y las formas de combatirlo.
Allí figuran el estadounidense Donald Trump, la canciller alemana Ángela Merkel, el israelí Reuven Rivlin, el colombiano Iván Duque, el paraguayo Mario Abdo, Michelle Bachellet -Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos-, Antonio Guterres -Secretario General de la ONU- y la iraní Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, entre otros, además del propio Macri.
Hezbollah
El texto del decreto que crea el Registro "complementa" el listado de organizaciones terroristas confeccionado por la ONU en 1999, que no incluye a Hezbollah. Por consejo de la Cancillería, el nombre de esa organización no figura en el decreto.
Pero en uno de sus apartados, se establece que el registro deberá inscribir a "toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera (UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos".
El año pasado, el Gobierno congeló bienes y dinero de la organización Bakarat, presuntamente ligada a Hezbollah, después de una maniobra para lavar U$S 10 millones en un casino de Puerto Iguazú, pegado a la Triple Frontera.
"El Registro tendrá como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento", señala el decreto.
Entre esos cuestionamientos a esta decisión, diplomáticos consultados por la Cancillería argentina se mostraron preocupados por la posibilidad de que se cuestione a la Argentina por armar un registro propio, cuando la mayoría de los Estados se rige por los listados de las Naciones Unidas.
Además, otras de las preocupaciones y sugerencias de quienes no estaban de acuerdo con esta medida pasó por el hecho de que en la actualidad el Líbano es un país amigo de la Argentina, y en el gabinete libanés hay ministros del brazo político de Hezbollah.
