El Fiscal Diego Fernández tiene a cargo la definición en el caso de extorsión, coacción y amenazas del psicólogo Marcelo Bazán y otros cuatro imputados. El hecho tomó trascendencia nacional y puso en vilo a varios cordobeses. Se trata de la secta creada por Bazán que se encargaba de reclutar gente y apoderarse de todos sus bienes, entre otras cosas.
La Fiscal Federal Graciela López de Filoniux, en tanto, será la que definirá la explotación laboral y sexual en esta causa.
Hace pocos días, Candelaria Gigena, una joven de 24 años que conoció junto a su novio Nicolás, al psicólogo en uno de los centros Dolto ubicado en Córdoba, pudo reencontrarse con su familia luego de permanecer dos años aislados.
"Cuando la cosa se empezó a poner complicada, Pablo Salum, fundador de la Red Libremente que ayuda a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas, realizó una denuncia en Tribunales Federales y luego fueron los socios de esa financiera de Laguna Larga donde trabajaba Nicolás, quienes también denunciaron la desaparición de este hombre", manifestaron fuentes judiciales al respecto.
A raíz del apartamiento de la Fiscal de Río Segundo, fue Fernández el que tomó el caso, y es el responsable de varias etapas de investigación, incluso de la última detención que se produjo en Córdoba.
En la causa, que ya tiene varios cuerpos se estima que podrían incorporarse varios testimonios más todavía.
La defensa de los detenidos (que se encuentran en la cárcel de Bouwer), a quienes se los imputó como responsables de algunos hechos, intenta girar la causa y plantarlos como "víctimas" de Bazán "porque podrían haber sido influenciados" para que actuaran de esa manera", manifiestan; justamente uno de los aspectos más complicados de investigar y cuya definición se logrará a través de minuciosas pericias.
Lo cierto es que la causa está en proceso, y los responsables serán juzgados por ocho hechos cada uno. La imputación más leve tiene una pena que va de los 6 meses a los dos años.
