A partir de las denuncias que le realizaron tres empleadas a Juan Carlos Scalesi, por haberlas insultado y tratado de mala manera el jueves por la tarde, la Justicia dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas allanaron la sede central del gremio ubicado en la calle Tucumán de Viedma.
En el procedimiento se secuestraron imágenes de las cámaras de seguridad y teléfonos celulares de particulares que serán peritados por el área de informática del Poder Judicial.
Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal a Río Negro, actualmente se avanza en "la investigación preliminar preparatoria para determinar la existencia del delito denunciado, que en principio sería el de amenazas".
Por su parte, el Instituto Provincial de Administración Pública relató que "los hechos se desarrollaron durante el mediodía (del jueves) en las instalaciones del IPAP" cuando Belén Álvarez Costa, Coordinadora General de la Unidad Ejecutora del Instituto, "mantenía una reunión con otros dos referentes del organismo. Según la denuncia efectuada en la Comisaría primera y ampliada durante la tarde ante la fiscal Maricel Viotti Zilli, un grupo de personas ingresó a la oficina interpelando a la mujer acerca de la baja de adscripciones".
Acto seguido, ingresó Scalesi, quien "habría amenazado a la denunciante e indicado a quienes lo acompañaban que tomaran las instalaciones", sin embargo, desde UPCN sostuvieron que la denuncia contra Scalesi es infundada.
De esta manera, la fiscal solicitó al juez Ignacio Gandolfi el allanamiento a la sede de UPCN seccional Viedma que se realizó en la mañana de este viernes.
“El resultado de la medida implicó el secuestro de los archivos de las cámaras de seguridad que se encuentran en el exterior e interior del edificio y, en función de las testimoniales recabadas, de dos teléfonos celulares de sendas personas que habrían filmado la situación, prueba que podría resultar fundamental para determinar la veracidad de la denuncia”.
