En los fundamentos de la norma propuesta, la legisladora Myriam Martínez (FPV – PJ), impulsora del proyecto, sugiere "incorporar ciertas cuestiones, con el objetivo de elaborar una norma más abarcativa que la simple adhesión, que contemple una mayor cantidad de patologías; la creación de un registro provincial y la asignación de funciones específicas a la autoridad de aplicación".
"Todo ello, con el objetivo de contar en la provincia con una norma de avanzada, que permita garantizar en forma real la utilización de medicamentos a base de cannabis y sus derivados cuando sean prescriptos por profesionales de la salud".
En su articulado, la norma establece que "las prestaciones médico-asistenciales y cobertura que hace referencia la Ley nacional 27.350, deben ser garantizadas por el sistema público de salud a través de sus efectores y deberán ser incorporadas como prestaciones obligatorias en la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF)".
También, el artículo 3° dice que "la provisión de medicamentos a base de cannabis, aceites de cannabis y sus derivados para el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades poco frecuentes, patologías como epilepsias, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor, estrés postraumático y toda otra condición de salud, existente o futura, que la autoridad de aplicación de la presente ley considere conveniente, que sea indicada por médico tratante a pacientes no inscriptos o no incorporados al programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, deberán se garantizadas por el sistema público de salud a partir de sus efectores y gozaran de la cobertura de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF)".
